Venezuela mantiene el salario mínimo más bajo de América Latina, una remuneración básica que se ha mantenido desde el año 2022, cuando se estableció en 130 bolívares, un monto equivalente a 3,53 dólares. Esta inmovilización salarial durante dos años continuos representa una violación al artículo 91 de la Constitución Nacional y mantiene un clima de malestar social entre los trabajadores del país, así lo han sostenido expertos consultados por Contrapunto.
«Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (…) El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento», dicta la carta magna de Venezuela.
No obstante, la normativa no ha sido acatada, considerando que a la fecha solo se ha aplicado el ajuste del ingreso mínimo nacional, que incorpora el pago de bonificaciones complementarias a la remuneración salarial, y se mantiene muy por debajo del costo de la canasta básica nacional, que de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), para el mes de julio se ubicó por encima de $540.
Con ello, la organización determinó que para el séptimo mes del año, una familia necesitaba 172,36 salarios mínimos mensuales para cubrir la canasta alimentaria, «cuando un salario mínimo debería ser suficiente».
Es por este motivo que los ciudadanos, teniendo la posibilidad de contar con un empleo en el sector público o privado, al no tener recursos suficientes que le permitan cubrir ciertos gastos básicos se han visto en la obligación de optar por fuentes de ingresos secundarias que le permitan elevar el nivel de sus ingresos y, por consiguiente, complementar el gasto correspondiente a la alimentación y el pago de servicios públicos, así lo expresó el economista Óscar Meza.
Detalló que si bien Venezuela no cuenta con una base de datos actualizada en materia estadística, «pudiéramos decir que por lo menos dos tercios de la población económicamente activa están desempleados o subempleados en el sector informal de la economía, con un nuevo agregado y es que la gente que puede tener un empleo formal en el sector público-privado tienen que realizar otras actividades para poder completar siquiera el gasto de la comida».
Inflación y fallas estructurales
Por su parte, el economista Andrés Giuseppe asegura que el caso de Venezuela amerita una mayor profundidad, considerando que desde el año 1983, cuando tuvo lugar el denominado viernes negro, el país ha registrado un proceso de inflación continua, producto de una serie de fallas estructurales en materia económica, entre las que destacan la alta dependencia de las exportaciones, un panorama que exige una mayor demanda de divisas: «Hay un elemento allí pernicioso que afecta la inflación y eso inmediatamente afecta el poder adquisitivo de los trabajadores. El salario pierde valor permanentemente».
Explicó que se trata de una situación que podría solucionarse, de aplicar un ajuste permanente del salario, fundamentado en el artículo 91 de la Constitución venezolana: «Incluso, dice al final de ese artículo 91 que la Constitución reglamentará la forma como se van a hacer esos ajustes. Pero han pasado ya 25 años y esa ley, nunca llegó, nunca pudieron tomar tradiciones sobre una ley» que vele por un ajuste anual del salario mínimo y «este elemento es lo que nos tiene a nosotros como sociedad, y sobre todo a los trabajadores con mucho descontento».
Bajo esta línea de ideas, Giuseppe hizo un llamado a las autoridades correspondientes a fin de llevar a cabo un debate nacional para impulsar la creación de una ley que vele por las garantías salariales en el país, así como el cumplimiento de la Constitución.
Represión y depresión social
El economista Óscar Meza, quien también dirige el Cendas-FVM, explicó que en la actualidad los venezolanos presentan un nivel de malestar social de 70,92 puntos, número que representa una variación de más de 400 veces el nivel de malestar presentado el 27 de febrero de 1989, cuando ocurrió el levantamiento social denominado como el Caracazo.
Detalló que para la fecha el nivel de descontento de los ciudadanos alcanzaba los 0,17 puntos, en una escala del 0 al 5. Sin embargo, el contexto que presenta el país en la actualidad es totalmente diferente, considerando que el ambiente de represión que enfrentan los ciudadanos.
Al ser preguntado sobre la inacción de los trabajadores ante esta situación, aseguró que «la gente ha hecho mucho» haciendo referencia a la participación ciudadana en las controvertidas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio «fue precisamente buscando respuesta a la cantidad de problemas (…) la gente se movilizó y todavía se moviliza a pesar de lo que dice el informe de la ONU y de lo que hemos vivido. Estamos hablando de cosas bien serias».
Aseveró que el país se ha experimentado un «terrorismo de Estado», lo que ha derivado en una mayor cautela por parte de los ciudadanos, quienes apelan a su instinto de conservación. Pero, detalló que esta situación no merma el nivel de descontento social que se vive en Venezuela: «Lo puedes incluso escuchar en el Metro y en cualquier parte, la gente sabe exactamente lo que pasó, y eso es lo que indigna».
«Entonces lo que se ha cercenado, por lo pronto, es la esperanza y te quedan por supuesto insatisfechas todas las necesidades que teníamos. Si tienes un salario que no te alcanza, ni siquiera para comprar los alimentos, ni se diga cuando tienes problemas de salud», aseguró e indicó que esa falta de ingresos genera una «depresión social. Además del malestar social, la expresión concreta es depresión social», pero la posibilidad de un levantamiento social se ha visto frenado por el miedo, «el instinto de cuidar tu libertad y tu vida», aseveró.
Meza considera que la situación actual que vive el país podría derivar en una nueva oleada migratoria y un mayor malestar social en el futuro cercano.
