Justicia, Encuentro y Perdón registra más de 330 víctimas de la persecución por razones políticas y más de 300 presos políticos. Los gremios y sindicatos denuncian que el salario mínimo no ha aumentado desde hace más de 550 días
Hace casi dos semanas el abogado Joel García, defensor de derechos humanos, consignó un documento en el Ministerio Público sobre el caso John Álvarez, el estudiante de la escuela de antropología de la UCV que fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional el pasado 30 de agosto y que el día de la audiencia de presentación afirmó haber sido torturado. «Sabemos que John fue torturado en la sede de la dirección de investigaciones de la Policía Nacional», recordó. Hasta ese momento la Defensoría del Pueblo no se había pronunciado, no había acudido a verificar el estado de salud de Álvarez o a escuchar su versión.
«John fue víctima de tortura. Sabemos que no es el primer caso pero necesitamos respuestas», subrayó.
Al MP le solicitaron «que inicie una investigación, tanto por las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el robo del que fue víctima». A Álvarez «lo quieren involucrar con los seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años. ¿ES que John va a correr la misma suerte que los seis sindicalistas porque un ‘patriota cooperante’ lo denunció?».
«En el país cada día más se agudiza la crisis que vivimos», reitera Karina Molina, docente y dirigente de Bandera Roja. «Sueldos y salarios se mantienen en el mismo estatus. Las condiciones de vida cada día se siguen deteriorando, y la respuesta de la represión».
La Misión de Determinación de Hechos presentó un nuevo informe el miércoles 20 de septiembre. «La misión tiene motivos razonables para creer que, desde 2020, hubo al menos 58
casos de personas detenidas arbitrariamente. De estos casos, 53 ocurrieron en el marco de la
represión selectiva de opositores del Gobierno reales o percibidos, y cinco en el marco de las
protestas», alerta.
El pasado miércoles 20 de septiembre un grupo de dirigentes gremiales y sindicales hizo un ayuno de 12 horas en la Plaza Cubierta del Rectorado de la UCV. Keta Stephany, directiva de la Fapuv y una de las participantes en la protesta, dijo que esperaban que la sociedad se dé cuenta de la gravedad de la crisis educativa. También, de la agudización de los problemas sociales.»Lo que nosotros estamos haciendo aquí es lo que viven los venezolanos porque más de 50% no tiene cómo hacer las tres comidas», enfatizó. «Estamos poniendo sobre el tapete una situación gravísima» con la esperanza «de que eso comience a formar parte de la discusión política».
Los trabajadores «ven su salario volverse sal y agua», lamentó Adrián Bolívar, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Obreros de Educación Superior de Venezuela. «Cuando se cobra la quincena escasamente se puede comprar un paquete de harina de maíz» mientras el propio gobierno habla del dinero perdido por la corrupción. «Aquí no hay un gobierno obrero. Lo que hay es una política sistemática para destruir el salario de los trabajadores, destruir al venezolano».
Martha Tineo es coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón. Según sus estimaciones, desde 2014 hay «334 víctimas fatales del patrón de persecución por razones políticas en Venezuela», además «de más de 300 presos políticos». Los números confirman «la ausencia de un sistema democrático, la ruptura del Estado de derecho y la falta de separación de poderes».
La impunidad, en el caso de las 334 víctimas, supera 94%, enfatiza. «Al día de hoy se siguen cometiendo torturas, los presos políticos están condenados a una muerte lenta», como es el caso del sindicalista Guillermo Zárraga.
Algunas instituciones pueden hacerlo diferente y marcar un antes y un después. «Lamentablemente el sistema de justicia venezolano no solo no cumple con su deber de proteger a las víctimas, sino que pudiera considerarse copartícipe de la violación de derechos humanos», resaltó Tineo.
Con el encarcelamiento de Álvarez «se quiere enviar un mensaje muy fuerte al movimiento estudiantil: mírense en su rostro, somos capaces de seguir deteniendo arbitrariamente, de torturar» y de no investigar, remató.
Por sexta vez consecutiva se realizó, en este mes de septiembre, la protesta de las Sillas Vacías. Manuel Virgüez, coordinador del Movimiento Vinotinto, lo define como un homenaje y una protesta «por las víctimas de la represión». Comenzó con los perseguidos de 2017, y se han ido sumando los de otros años. «El propósito es visibilizar la impunidad» y avanzar en la construcción de una memoria histórica. «En la medida en que nosotros recordemos lo que en el país ha acontecido» y que se pueda buscar justicia, verdad, memoria y reparación «en esa medida estaremos construyendo país».
En los años 2014, 2017 y 2019 hubo picos de represión, señala Virgüez. Hasta la fecha, advierte, «las cadenas de mando siguen los impunes, la mayoría de los autores materiales siguen en libertad y las víctimas siguen sufriendo».
La emergencia humanitaria «se resuelve si se resuelven los salarios, un salario digno para los venezolanos», asevera Stephany. «El problema del salario es un problema de la nación» que afecta todas las área; incluso, la educación, porque debido a los bajos salarios «los maestros no pueden ir más de dos veces a la semana».
Lo que los trabajadores exigen «es que se cumpla la Constitución», reitera Bolívar. Ese pueblo «tiene derecho a vivir mejor», sostiene Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra-UCV.
