La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó este miércoles la solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de reformar la criticada ley contra el odio y exigió su derogación «inmediata».
«Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito. Durante años, este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales», dijo en un comunicado.
La alianza, que apoya a la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado, aseguró que Venezuela «no necesita una versión corregida de una herramienta de persecución» sino «desmontar el marco jurídico que ha permitido utilizar al Estado contra quienes piensan, opinan o disienten».
«La libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política no pueden estar sometidos al temor de sanciones arbitrarias o persecución. No se reforma la represión: se desmonta», expresó.
Por tanto, señaló que la derogación «debe ser un paso concreto hacia la restitución de las libertades civiles y políticas, la recuperación del Estado de derecho y las garantías democráticas de todos los venezolanos».
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió esta semana al Parlamento, controlado por el chavismo, reformar la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada por el hoy depuesto mandatario Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, y promovida en su momento por la propia líder chavista.
Esta norma, que contempla la prisión de diez a veinte años a quien «fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia», ha sido señalada por organizaciones y por la oposición como parte del «marco legal represivo» aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo.
Según datos de la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, 927 personas fueron acusadas de «incitación al odio» desde la aprobación de la ley, en 2017, de las cuales seis siguen detenidas y 638 tienen medidas restrictivas de su libertad.
La mandataria interina expresó el martes que, si bien cree «en los principios de esa ley», esta «lamentablemente fue mal aplicada» y «se hizo un uso abusivo» de ella.
Su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de una comisión de once diputados que se encargará de redactar el proyecto de reforma, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro.
La solicitud de reforma sucede poco después de que el Gobierno y un sector opositor culminaran el segundo ciclo del diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición en Venezuela y luego de una visita al país suramericano de Human Rights Watch, la primera desde 2008.
La delegación opositora en el diálogo, en el que no participan Machado ni el también líder opositor Edmundo González Urrutia, espera que la reforma «cumpla con los fines democratizadores» y «contribuya al restablecimiento de los derechos». EFE
