Del 70% del parque agroindustrial, que son medianas y pequeñas empresas, solo está operando el 20%

La inseguridad personal y de los bienes de los productores, se ha intensificado en este semestre con el incremento del abigeato, secuestros, el hurto y el desmantelamiento de maquinarias, embarcaciones y de la infraestructura productiva.

También ha crecido el secuestro y el asesinato de horticultores y transportistas que se aventuran a llevar frutas y hortalizas a los mercados de las poblaciones urbanas de nuestro país.

El señalamiento está contenido en el informe sobre el comportamiento del sector agroalimentario en el primer semestre de este año, elaborado por los responsables de esta área, del partido Un Nuevo Tiempo.

La inseguridad jurídica ha aumentado de forma dramática por la inexistencia de los poderes públicos. Ésta se manifiesta ahora, aún más, con el cobro de “tributos municipales e impuestos estatales” a los productores por la movilización de ganado y de la cosecha, además del cobro de coimas en las alcabalas donde tienen que dejar dinero en efectivo y parte de los alimentos o materia prima que transportan.

Las invasiones y el saqueo de unidades de producción, se han intensificado por el año electoral decretado por el régimen, estos delitos se cometen en su mayoría amparados por instituciones como el INTI, reseña el informe de UNT.

A la inseguridad jurídica ya conocida, amparada por las leyes aprobadas por el régimen, se le suman ahora, como espada de Damocles, la pretensión de imponernos un Estado Comunal en abierta violación del Artículo 4 de nuestra Constitución Nacional. Esta imposición, sin duda, aumentará el centralismo en detrimento de la ruralidad.

Mientras el régimen se reúne en Caracas con la dirigencia empresarial, en el interior del país arrecian las invasiones de unidades de producción agropecuarias, promovidas por ellos.

Además, pretenden imponernos una ley de pesca con un contenido más cargado del tema ideológico arcaico y comunistoide, que supera con creces el centralismo y las prácticas totalitarias de la ley vigente, la cual acabó con la producción pesquera y el desarrollo de la acuicultura de nuestro país, se afirma en el documento de la tolda azul.

Además del tema de la inseguridad jurídica y personal, el análisis también destaca dos grandes problemas: el desabastecimiento de combustibles, que mantiene paralizada más del 80% de la maquinaria y el transporte del sector y el casi inexistente financiamiento que afecta a los sectores de la producción primaria y de las Pymis del sector agroalimentario.

Señala UNT, que esta grave situación ha pasado de ser un problema coyuntural a constituirse en un problema estructural, debido al fracaso de la política macroeconómica y la mala operatividad de la producción petrolera por parte del régimen.

Este régimen que dice ser nacionalista y socialista, ha disminuido la producción primaria de alimentos nacional a menos del 20% y ha profundizado la brecha entre empresas ricas y emprendimientos pobres.

Del 70% del parque agroindustrial, que son medianas y pequeñas empresas, solo está operando el 20%, aumentando así el desempleo en estas empresas que generan la mayor capacidad de puestos de trabajo del sector, cuestiona el informe de UNT.

La incidencia del problema agroalimentario en la crisis social también es analizado en este informe: este régimen que dice defender a los pobres, ha condenado a la ruina a más de 130 mil familias de productores y a cientos de granjas avícolas y porcinas, que no tienen financiamiento ni pueden pagar los altos costos que significan la compra de combustibles, de insumos, de materia prima y la reparación de su obsoleto parque de maquinarias.

También reciben su dosis de socialismo, el 90% de los aproximadamente 50 mil agrotécnicos de nuestro país, los cuales están desempleados junto con el 70% de los trabajadores rurales que en su mayoría han tenido que emigrar. La sufrida población rural, también forma parte del 96% del total de nuestra población que viven en situación de inseguridad alimentaria.

En resumen, el régimen ha incidido de forma negativa en todas las actividades de los integrantes de los circuitos agroalimentarios, impactando terriblemente sobre la oferta de alimentos y sobre la capacidad adquisitiva del consumo familiar. De esta forma, concluye el informe sobre el comportamiento del sector agroalimentario en el primer semestre de este año elaborado por el Partido Un Nuevo Tiempo.