Las medidas cautelares de la CIDH no han sido acatadas por el Estado, explica Katherine Martínez, directora de Prepara Familia. Más de tres servicios cerraron sus puertas, calcula Huniades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina
Las medidas cautelares aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace ya cuatro años no han logrado la recuperación de ese paciente llamado Hospital de Niños JM de los Ríos. El centro de referencia nacional para la salud infantil continúa en crisis, que llegó a un nuevo capítulo esta semana con el pronunciamiento que hicieron varias sociedades científicas y la Academia Nacional de Medicina por la infección que presentaron 22 niños después de la administración de metrotexate fabricado en India y adquirido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
«La Comisión consideró sumamente grave que los diversos Servicios no cuenten con el equipamiento e insumos médicos para atender adecuada y oportunamente a los niños, niñas y adolescentes pacientes del Hospital, siendo el único centro de salud en Venezuela que realizaría atenciones pediátricas complejas en diversas especialidades. Asimismo es el hospital que atendería principalmente a niños y niñas de familias del interior del país, quienes tendrían pocos recursos», diagnosticó la CIDH. En consecuencia, «solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de los niños, niñas y adolescentes», expone el acuerdo difundido en 2019.
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2019/209.asp
Cuatro años después el centro asistencial sigue en contingencia. El hospital «fue proyectado para 420 camas. En 2012, que fui director, logramos llegar a 350 camas. Hoy día, trabaja con 80 camas o menos. Es decir, menos de 20% de su capacidad», describe Huniades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría.
Insumos, dotación, equipos, personal de salud y seguridad son algunos de los problemas. «Todos son transversales. Es una serie de eslabones que deben unirse para dar una atención adecuada», explica Urbina.
Varios servicios han cerrado, lo que afecta a los pacientes y también a los estudiantes de medicina: terapia intensiva pediátrica, cerrada; cardiología, que era centro de referencia nacional, cerrada; fisiatría está prácticamente cerrado; neurología, «centro de referencia nacional, cerrado»; el servicio de oncología funciona como hospital de día porque no hay cómo hospitalizar, señala el experto. «El servicio de laboratorio hacía 19 parámetros, y hoy solo proporciona tres: heces, orina y hematología, porque no hay personal, equipos ni reactivos».
Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, explica que estas carencias impactan en los niños y, también, en sus mamás, las grandes acompañantes, «aunque ya no hay pacientes de todo el país, porque ni siquiera pueden llegar». Martínez suma la alimentación, que no es adecuada y que tampoco se les proporciona a las madres. «Aquí lo que vemos es un retroceso constante. No hemos visto progreso. No se cumplió ninguna de las medidas cautelares».
La situación hospitalaria se agrava por la carencia de personal debido a los bajos salarios, como lo ha reiterado Mauro Zambrano, dirigente de la Red Sindical Nacional. «Tiene que haber un salario para que el trabajador pueda asistir diariamente», reclama Zambrano. «Si una enfermera gana cinco o seis dólares al mes, ¿cómo le digo que llegue? Gasta su sueldo en transporte. Según los gremios ha migrado 70% para el sector privado o fuera del país», recuerda Urbina.
Estos factores afectan la salud de niñas y niños que dependen del JM de los Ríos, pero también, todo el país, advierte Elvia Badell, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. «Los niños se quedan en sus casas muriendo de mengua», ya no hay dónde llevarlos. A un niño de nueve años lo operaron de un tumor cerebral en Ciudad Bolívar en julio pasado. En el hospital no había radioterapia y la familia no tenía dinero para costear el tratamiento en una clínica. Badell logró traer al paciente en Caracas, pero no pudo hacer magia. En todo el tiempo transcurrido «reapareció el tumor, porque lo operaron en julio y la radioterapia se debía colocar inmediatamente. No puede ser que los niños se mueran de mengua».
Los organismos internacionales están al tanto de lo que sucede, y han seguido el caso venezolano hasta el punto de aprobar medidas cautelares como lo hizo la CIDH, refiere Martínez. Falta información clara sobre los fondos que manejaría Naciones Unidas como parte de los acuerdos del diálogo.
«Nosotros somos la voz de la infancia venezolana», reitera Urbina, e insiste en que hay soluciones: «Hay que cambiar la política de salud. Se necesita inversión en salud, pero inversión real. En el país se invierte entre 0,8% o 1,2% del PIB para salud, mientras la OMS dice que debe ser 6%. Y lo poco que se asigna está mal administrado, porque no ponen gente proba».
