La impunidad convierte a los cuerpos de seguridad del estado en los enemigos del derecho a la vida y a la libertad en Venezuela
El Estado sigue con rebeldía en cumplir con todas las sugerencias y peticiones de la alta comisionada, Michelle Bachelet, después de haber visitado al país y el último informe elaborado por la misión independiente de determinación de los hechos de la ONU en donde ratifican lo que las víctimas, familiares y quienes hemos dedicado décadas en la defensa DDHH, las actuaciones criminales de este Cuerpo que sigue siendo señalado por cometer secuestros y ejecuciones extra judiciales con total impunidad en todo el territorio nacional, lo cual se recomienda proceder a su eliminación.
El exparlamentario, abogado defensor DDHH y coordinador de la defensa por los derechos civiles, Rafael Narváez, exigió al estado venezolano proceder a la eliminación de este grupo exterminio, «no basta con iniciar investigación penal, es necesario establecer sentencia que condene a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad que gracias a la impunidad tienen licencia para secuestrar y asesinar». Las cifras que se manejan extra oficial de muertes que involucran a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), es de 10.971 por presuntos ejecuciones extra judiciales.
Es importante recordar que la alta comisionada Michelle Bachelet, en su informe responsabiliza a la FAES, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y a la Guardia Nacional (GN), de 1.324 muertes entre enero y mayo 2020.
El coordinador nacional por los derechos civiles aseguró que estamos en presencia de la descomposición total de los cuerpos de seguridad del estado por la falta de formación para establecer los límites de sus actuación para el respeto de los derechos humanos como la vida y la libertad , falta de supervisión de sus jefes superiores y los más grave es la impunidad que por omisión del Estado se convierte en su mejor aliado.
Si evaluamos a la GN es represión, detenciones arbitrarias y su historia de atrocidades está en el Plan Zamora 2017, matraca en las estaciones de servicio de combustible, Sebin , Dgcim involucrados en crímenes de lesa humanidad señalados por el informe de la misión independiente de determinación de los hechos y el Cicpc señalados igualmente por el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, de ser responsable de asesinatos.
Para finalizar, el defensor DDHH se refirió a las detenciones arbitrarias que fueron víctimas los sindicalistas Girot y Zarraga, el Estado sigue vulnerando sistemáticamente los derechos civiles y políticos de los ciudadanos como política pública.
