Luces y sombras tiene la Ley de Amnistía. La mirada de Antonio González Plessman, defensor de derechos humanos y codirector de Surgentes, es indulgente y severa.
«Los principales déficit son las exclusiones en el propio diseño de la ley: al establecer los 13 grupos de hechos dejó por fuera un número muy importante de presos políticos que no entran», señala González en el contexto de la Mesa de Convergencia organizada por el grupo de diplomacia ciudadana del Foro Cívico, liderada por la activista Mariela Ramírez.
Quedan por fuera, por ejemplo, «los militares acusados de rebelión, ni los civiles acusados de haber participado en esas rebeliones; no entran los trabajadores que fueron detenidos en los últimos 10 años por haber manifestado y defendido sus derechos laborales; no entran los campesinos que creyeron el discurso y la política de la democratización de la tierra, que recuperaron tierras y fueron judicializados cuando se revirtieron los avances», enumera el activista.
Tampoco se sumaron «las personas acusadas de haber emitido opiniones de odio», y mucho menos «campesinos pobres que han sido detenidos en el marco de la lucha contra los Tancol, entre 2021 y 2022, que son prácticamente invisibles porque son pobres entre los pobres» y excluidos geográficamente. Rememora uno de los casos de los llamados Tancol: un joven de 15 años de edad que fue detenido, torturado, acusado de terrorismo «y sigue preso hoy: pasó preso de la adolescencia a la adultez».
Por otra parte, la Ley de Amnistía «en su ejecución ha tenido un carácter discriminador, y hay gente que ha sido explícitamente excluida teniendo todas las características de presos políticos y se les ha negado la amnistía». Recuerda, según datos de Foro Penal, que hay al menos 500 personas detenidas por razones políticas, «y es posible que los Tancol ni siquiera estén en esas listas, porque son invisibles».
Hay, también, presos políticos «de los grandes líderes de este proceso, pero hay presos políticos del alcalde o del policía, y esos presos son aún más invisibles».
Surgentes pidió a la comisión de seguimiento de la Asamblea Nacional, y al programa de convivencia y paz, que se incluyan los casos de los llamados Tancol.
Sin embargo, destaca González, ha habido cerca de 300 excarcelaciones en poco más de un mes, «y un poco más de 8 mil personas que tenían medidas alternativas de la privación de libertad, hoy tienen libertad plena; esto representa alrededor de 72 % de las personas judicializadas en los últimos 10 años, y no es un dato menor».
El defensor de derechos humanos apuesta para que, en 30 días y más, «se puedan corregir los problemas».
Subraya que, hasta donde se tiene conocimiento, «se pararon las nuevas detenciones».
«Todo esto ha creado un clima de liberalización sin democratización, ha permitido que aumenten las manifestaciones, pero con un límite: la gente sabe que la represión puede volver en cualquier otro momento, porque está vivo el aparato represivo, porque la élite es la misma, porque las leyes represivas siguen estando allí», señala.
