El Parlamento debe dirigir recursos hacia el pago de atención médica a venezolanos en el exterior, en el contexto de la actual coyuntura
Según una publicación en el blog del economista Francisco Rodríguez, la Asamblea Nacional (AN), ante la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus, debe aprobar un programa de transferencias directas a migrantes venezolanos afectados por los embates del Covid-19. Este programa se financiaría con fondos disponibles en las cuentas del sistema financiero estadounidense y puede ser implementado en ausencia de un acuerdo con el oficialismo.
En el documento, denominado «¿Qué debe hacer Venezuela frente al Covid-19?», se señala que el acceso a recursos externos es crucial dado el debilitado espacio fiscal de la economía venezolana. Sin embargo, la mayoría de los recursos externos sólo pueden ser utilizados para gastos dentro del país, si hay un acuerdo entre la administración de Juan Guaidó y la administración de Nicolás Maduro.
Una forma de pensar en el problema económico venezolano, es que emerge de una dualidad de poderes, en la cual un gobierno tiene control sobre el territorio, mientras que otro tiene control sobre el acceso a parte de los recursos externos que «pueden estar a disposición de la nación», indica la publicación.
En este sentido, en ausencia de un acuerdo, «las políticas por parte de la administración de Maduro es la selección de medidas para un país sin recursos externos ni capacidad de acceder a ellos; mientras que la selección de políticas para la administración de Guaidó es la de qué hacer con recursos externos dada una capacidad muy limitada o nula de gastarlos dentro del país», acota.
El documento propone que el Parlamento, a quien corresponde aprobar todas las asignaciones presupuestarias de la administración presidida por Guaidó, apruebe el pago de una compensación monetaria en efectivo para los venezolanos que residen en el exterior y que se enfrentan a dificultades económicas, de salud o de otra índole, causadas por la crisis del Covid-19.
La Asamblea Nacional, tiene el control de los recursos de Venezuela en el sistema financiero norteamericano, también la capacidad de movilizar solicitudes de préstamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ente que reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela.
Indica el comunicado que «como detallamos en nuestro artículo anterior, el monto al que tiene acceso su administración por concepto de efectivo en cuentas de CITGO y utilidades retenidas de empresas mixtas venezolanas asciende a los USD 1.4 millardos y USD 7.0 millardos, respectivamente.
«Si bien la movilización de esos fondos está impedida como efecto de las diversas órdenes ejecutivas, no debería ser problemático para la administración de Guaidó conseguir que el gobierno estadounidense levantase las restricciones para su uso (como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores frente a similares solicitudes)», es parte de lo que expresa el documento.
La AN también tiene la opción de acceder a GBP 1.2 millardos (valorados a la fecha en USD 1.5 millardos) retenidos por el Banco de Inglaterra que fueron puestos fuera del alcance de la administración de Maduro debido a presiones de Estados Unidos.
Aunado a esto, la administración de Guaidó es reconocida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y recientemente, el banco puso a disposición de sus países miembros USD 12,0 millardos para enfrentar la pandemia.
Para efectos de la pandemia, el BID ofrece 4 instancias de financiamiento: respuesta inmediata para la salud pública, que consiste en financiar recursos para mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud de países miembros; redes de seguridad para las poblaciones vulnerables, que busca proveer financiamiento para programas de transferencias, subsidios y pensiones ya existentes y destinados a poblaciones vulnerables; productividad económica y empleo, a fin de apoyar PyMes de la región y políticas fiscales para aliviar impactos económicos.
Se estima que se podría acceder a recursos por el orden de USD 3,6 millardos usando una parte de los recursos de las empresas mixtas, una parte del efectivo de CITGO, y la totalidad de los recursos disponibles por vía del BID. Este monto de por sí sería suficiente para pagar con holgura el programa propuesto, señala el documento.
En tal sentido, se propone una subvención de USD 100 mensuales por familia, lo que se traduciría en transferencias para 1.307.582 familias migrantes, por un total de USD 131 millones. Con esto, un programa de este tipo puede terminar costando 1.1% de los fondos disponibles mientras que, en el supuesto que la AN apenas consiga 20% de los fondos, se utilizaría el 5.4% de los fondos.
Para detectar si cada familia migrante necesita la ayuda o no, el censo que lleven a cabo las embajadas debe de alguna manera verificar que las personas optando por la transferencia verdaderamente pueden ser consideradas vulnerables. En ese sentido, los estudios tradicionales incluyen visitas al hogar y entrega y verificación de documentos financieros como estados bancarios y balances personales.
Sin embargo, las condiciones bajo las cuales se implementa esta política sugieren medidas extraordinarias considerando que en muchos de los países donde serán aplicadas el tránsito de funcionarios se vería restringido y sería riesgoso para su integridad personal, y además, es probable que el personal con el que cuentan las embajadas nombradas por la AN sea limitado, si no inexistente. Por otro lado, conseguir algunos documentos financieros certificados bajo situación de cuarentena puede volverse cuesta arriba, sobre todo para personas en condición vulnerable.
Una posible solución a esto sería el recaudo electrónico de algunos documentos básicos como declaraciones juradas de ingreso y documentos de identidad de quienes optan por la ayuda.
Siendo así, se propone una subvención de USD 100 mensuales por familia en países en desarrollo y USD 500 en países desarrollados.
Por otro lado, señala el texto que el monto de ayuda debe variar acorde con el país donde se está hospedando cada migrante, con 100$ no compran lo mismo en España que en Perú. Un ejercicio sencillo de diferenciación pudiese delimitar entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, donde los primeros suelen tener niveles de precios más altos y por ende, la ayuda debe ser mayor.
Los fondos destinados a ayudar a los venezolanos en el exterior no necesariamente se deben canalizar solo vía transferencias directas. La provisión de servicios médicos es esencial y los embajadores de Guaidó podrían canalizar fondos, en cooperación con las redes de salud pública y privada del país receptor, a que se destine un determinado número de recursos hacia la atención de venezolanos en el exterior.
Según la publicación, la administración de Guaidó podría pagar directamente por la compra de kits de pruebas y equipos médicos a ser asignados a hospitales y clínicas que se comprometan a atender un número determinado de ciudadanos venezolanos. En razón de eso, se estima una contribución mensual adicional de USD 26.2 millones, indistintamente del programa que se aplique.
El documento finaliza con la frase «la Asamblea Nacional tiene en sus medios la posibilidad de ayudarlos. No hay razón para que deje de hacerlo».
