El diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Contraloría del Parlamento, José Brito, solicitó formalmente al contralor general de la República, Elvis Amoroso, el estatus de la inhabilitación para ejercer funciones públicas que pesa sobre la dirigente política María Corina Machado.
«Lejos de como se llame (el aspirante) tiene que estar habilitado para participar de lo contrario estamos conduciendo al país por un nuevo espiral de violencia, buscan un atajo político», dijo.
Desde la sede de la Contraloría General de la República, el parlamentario advirtió que los aspirantes a competir en un proceso de elección popular, deben estar habilitados para ello, porque de lo contrario, «se estaría incurriendo en una oferta electoral ficticia sostenida por el engaño y el abuso de la buena fe del electorado«.
«La promoción electoral de un ciudadano que se encuentre inhabilitado, se presta para generar una narrativa dentro de la opinión pública nacional e internacional, lo cual atenta abiertamente contra la institucionalidad del país», dijo.
En este orden de ideas, el legislador amplió que se pretende vender una especie de persecución política cuando en la realidad existen motivos de ley que impiden a esa persona formalizar una postulación.
Estimó que la respuesta del ente contralor sea perentorio. Asimismo, reiteró al órgano contralor que debe dar a conocer ante la opinión pública, la condición legal de María Corina Machado. «Los electores quieren saber si está ciudadana se encuentra hábil para postularse y realizar campaña electoral cómo aspirante a la presidencia de la República», acotó.
Finalmente, reiteró desde el despacho de Amoroso se debe garantizar el ejercicio de la vía democrática del voto cómo instrumento pacífico de cambio implica que los aspirantes a participar en un proceso de elección popular estén legalmente habilitados para ello, porque de lo contrario se estaría incurriendo en una estafa electoral, de la cual el Estado no puede ser cómplice por acción u omisión.
Machado fue inhabilitada políticamente por la Contraloría General de la República, el 13 de julio de 2015, de conformidades al artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Contra la Corrupción, mediante Resolución 01-00-000398, y a su juicio, no está claro si se han cumplido todos los requisitos legales para que pueda presentarse.
