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sábado, 02 marzo, 2024
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Sociedad civil exige a la comunidad internacional un compromiso con la reinstitucionalización democrática de Venezuela

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«Los Estados deben hacer todo lo posible para que el gobierno participe y coopere con
los órganos multilaterales, ya que solo en esta medida se podrá monitorear las acciones desarrolladas y recomendar la aplicación de los correctivos pertinentes
«,
dice parte del comunicado

Un grupo de la sociedad civil y varias ONG hacen un llamado a la comunidad internacional para que estos encuentros, como el promovido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tengan como base el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y las exigencias de justicia de la población. Además, tienen la esperanza que la cumbre que se hará en Bogotá, este martes 25 de abril, permita alcanzar una solución pacífica y democrática frente a la crisis que atraviesa Venezuela.

«En estos esfuerzos multilaterales es fundamental evitar que las graves violaciones de
derechos humanos queden cobijadas por un manto de impunidad y tengan mayor
escalada y daño en la población
. Por esto es crucial que las cancillerías, presidentes y
legisladores, y en general la comunidad internacional, adopten un enfoque de
derechos humanos en sus esfuerzos por establecer mecanismos de comunicación
y cooperación con las autoridades venezolanas», reza parte del coomunicado.

Sostienen que los Estados que asistan a la cumbre «deben hacer todo lo posible para que el gobierno participe y coopere con los órganos multilaterales, ya que solo en esta medida se podrá monitorear las acciones desarrolladas y recomendar la aplicación de los correctivos pertinentes. Esta cooperación no debe estar condicionada, y debe reconocer y caracterizar
adecuadamente el conflicto. Por ello, es vital que los Estados que impulsan soluciones
pacíficas para Venezuela, mantengan sus voces activas para denunciar las graves
violaciones a los derechos humanos en el país».

Lea el comunicado íntegro acá

En el marco de la convocatoria a países latinoamericanos y europeos para la Conferencia
Internacional sobre Venezuela, a celebrarse en Colombia el próximo 25 de abril de 2023,
las organizaciones y personas que suscribimos el presente comunicado valoramos los
esfuerzos diplomáticos del gobierno colombiano para incentivar escenarios de encuentro
entre actores claves y unir esfuerzos en la construcción de una visión común. Hacemos
un llamado a los Estados y comunidad internacional a que estos encuentros tengan como
base el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y las exigencias de justicia
de la población, que permita alcanzar una solución pacífica y democrática frente a la
crisis que atraviesa Venezuela.

En estos esfuerzos multilaterales es fundamental evitar que las graves violaciones de
derechos humanos queden cobijadas por un manto de impunidad y tengan mayor
escalada y daño en la población. Por esto es crucial que las cancillerías, presidentes y
legisladores, y en general la comunidad internacional, adopten un enfoque de
derechos humanos en sus esfuerzos por establecer mecanismos de comunicación
y cooperación con las autoridades venezolanas. Este enfoque a su vez, proporciona
herramientas diplomáticas para evitar el lenguaje polarizador y permite entablar diálogos
basados en hechos, reflejados en diferentes informes de organismos internacionales de
protección, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , la Misión
Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, y la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A su vez, permite
diseñar estrategias ancladas en las recomendaciones realizadas a Venezuela en los
informes de éstos y otros organismos, permitiendo monitorear las acciones de
cumplimiento a través de parámetros e indicadores que los Estados pueden utilizar para
medir la cooperación real del gobierno de Nicolás Maduro, y del proceso de
reinstitucionalización democrática en el país.

Los Estados deben hacer todo lo posible para que el gobierno participe y coopere con
los órganos multilaterales, ya que solo en esta medida se podrá monitorear las acciones
desarrolladas y recomendar la aplicación de los correctivos pertinentes. Esta
cooperación no debe estar condicionada, y debe reconocer y caracterizar
adecuadamente el conflicto. Por ello, es vital que los Estados que impulsan soluciones
pacíficas para Venezuela, mantengan sus voces activas para denunciar las graves
violaciones a los derechos humanos en el país.

Es por esto, que las organizaciones y personas aquí firmantes, exhortamos a los Estados
y organismos internacionales a no declinar en sus esfuerzos por reactivar mecanismos
de diálogo y negociación, que procuren una solución pacífica y democrática a la crisis
multidimensional, y que desarrollen una acción que permita:

Reconocer y dimensionar la emergencia humanitaria compleja que mantiene
en necesidad de asistencia a la mayoría de la población, por lo que es vital
que se profundicen medidas inmediatas y efectivas para seguir atendiéndola; las
señales de sufrimiento y afectación de la población son evidentes y alarmantes.
La comunidad internacional debe seguir trabajando unida para proporcionar
asistencia humanitaria y garantizar el acceso a ella sin obstáculos.

Trabajar en la construcción de una paz sostenible y duradera en Venezuela
que ayude a contener, y erradicar las violaciones sistemáticas de derechos
humanos que persisten. Es crucial en este cometido, apoyar a las organizaciones
de la sociedad civil venezolana, que se desenvuelven en un contexto de
persecución, criminalización y de cierre del espacio cívico. La sociedad civil
venezolana depende de este esfuerzo común para mantenerse activa,
acompañada y protegida frente a las amenazas y los ataques en su contra.

Exigir la celebración de elecciones libres y auténticas en Venezuela en los
procesos pautados para 2024 y 2025. La recuperación del derecho a elegir y a
ser elegido pasa por reconocer y retomar la senda iniciada en 2021 para recuperar
las óptimas condiciones de integridad electoral para la participación política,
donde se garantice la independencia y autonomía del poder electoral, la certeza
de un calendario comicial, la activación de operativos especiales de inscripción y
actualización en el registro electoral dentro y fuera del país, el pluralismo político,
la observación nacional e internacional calificada y la libertad de expresión en el
marco de los procesos electorales. La asistencia técnica electoral de Naciones
Unidas y la Unión Europea es un elemento clave en este contexto.

Así mismo, el apoyo de los Estados a la democracia y los derechos humanos,
requiere la reanudación de relaciones diplomáticas, para realizar las gestiones
necesarias para que se restablezca el pleno funcionamiento consular que
permita a los venezolanos en el exterior la materialización de sus derechos, entre
ellos la identidad y la participación política, para también tener la capacidad de
aportar en las soluciones pacíficas y democráticas en procesos electorales
futuros.

Impulsar que el sistema de justicia lleve a cabo investigaciones
independientes y juicios genuinos, expeditos e imparciales contra todas las
personas involucradas en las atrocidades cometidas. Así como también,
instar a que se implementen las reformas necesarias para la recuperación de la
institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país. En este sentido,
la continuación y el trabajo de los mecanismos internacionales, tales como la
Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre
Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Penal Internacional tienen un rol fundamental.

Tomar medidas dirigidas a proteger a la población migrante y refugiada. La
crisis de movilidad de personas venezolanas es el espejo de la crisis humanitaria
que se vive en el país, por lo cual la mayoría de ellas requieren de protección
internacional. La complejidad que caracteriza a la emergencia venezolana
requiere que los Estados no trabajen únicamente desde la óptica de la
cooperación y asistencia, sino que apliquen y promuevan políticas migratorias
integrales y adecuadas a estándares internacionales de derechos humanos a
favor de las personas venezolanas en situación de movilidad en sus propios
territorios, considerando la afectación diferenciada a grupos vulnerables como
mujeres, personas indígenas, población LGBTIQ+, entre otros.

• Desarrollar un liderazgo internacional y regional comprometido con la
reinstitucionalización democrática en Venezuela. La mesa de diálogo en
México es un paso importante hacia la transformación del conflicto en el país y es
necesario que se cumpla con los acuerdos logrados. Sin embargo, un proceso de
redemocratización de Venezuela requiere de un apoyo internacional
comprometido, que abogue por las libertades, el respeto a derechos humanos, la
justicia y la restauración de una democracia sustentable, que abarca
necesariamente, inclusión y participación plena y efectiva de mujeres, jóvenes y
otros grupos excluidos, asi como de organizaciones de la sociedad civil, en todos
los aspectos de la vida pública, los espacios de toma de decisiones y los procesos
de diálogo.

Desde la sociedad civil, ratificamos nuestro compromiso indeclinable con el
restablecimiento de la democracia. Apoyamos los esfuerzos para la construcción de una
solución pacífica al conflicto en Venezuela, aspiramos que, al tiempo que se apoye el
cumplimiento de los acuerdos logrados en los diálogos de México, se mantengan
esfuerzos sostenidos con un proceso de reinstitucionalización democrática de Venezuela
que sabemos tomará y necesitará tiempo y esfuerzos concertados.

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