Voluntad Popular (VP), criticó este martes que uno de sus dirigentes, Daniel Ceballos, se haya «prestado a los intereses» del Gobierno, al unirse a la junta de la formación designada por el Supremo, en detrimento de la agrupación tradicional, intervenida por el alto tribunal
Freddy Superlano, dirigente de Voluntad Popular lamentó que Ceballos, quien fue privado de libertad en 2014 por las protestas de entonces y condenado a 12 meses de prisión por desacato a una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se haya «prestado a los intereses del poder de facto, de aquellos que tutelan, desde Miraflores, el poder».
«Usted puede tener diferencias, que la política de Voluntad Popular no sea la más acertada, lo que sí no se perdona es que, después de que usted adversó a este modelo que, por el poder de facto, gobierna en Venezuela, usted salga a decir que cree que se puede vivir en dictadura, que se puede trabajar con Nicolás», afirmó Superlano.
Caso Cebellos en VP
El pasado 30 de marzo, Ceballos, también exalcalde de San Cristóbal, estado Táchira anunció que se suma a la facción de Voluntad Popular que, por orden del TSJ en 2020, controla la tarjeta electoral del partido y por tanto, habilitada para concurrir a unos comicios.
En julio de 2020, el Supremo suspendió la directiva de VP y entregó sus símbolos electorales a José Gregorio Noriega Figueroa, un disidente del partido que había sido expulsado, a quien sus excompañeros acusan de ser sobornado por el Gobierno.
El viernes, Ceballos dijo en una entrevista transmitida por un canal venezolano que «el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro», pese a que la facción de VP liderada por López reconoce a Guaidó como mandatario «interino» del país desde que se proclamó como tal en enero de 2019.
En este sentido, Superlano insistió en que «es una humillación a la dignidad de todo aquel que hoy en día se mantiene en pie de lucha».
Señaló que al Gobierno «le hacía falta una persona que respondiera a sus intereses, que hubiese sido víctima y que pudiera utilizarlo ahora» para un «proceso de normalización» del país que ha emprendido el Ejecutivo en los últimos meses a través de la discusión de nuevos magistrados del TSJ y de burbujas económicas «que no existen en la Venezuela profunda».
