Oscar Murillo: Exigimos la derogación de todas las leyes que criminalizan los DDHH en Venezuela

El pronunciamiento concluye con una advertencia sobre la percepción social del proceso institucional en la nación. Murillo aseveró que "el país rechaza cualquier mecanismo de simulación" y remarcó la premura de "avanzar en el proceso de reconstrucción institucional" para garantizar el pleno respeto a los derechos en el territorio venezolano

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El coordinador general de la Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, planteó de forma urgente la anulación del marco jurídico actual que ha facilitado la criminalización de las garantías ciudadanas en el país. El pronunciamiento, difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, subraya la necesidad de eliminar normativas que frenan el ejercicio de las libertades fundamentales.

Dentro de las exigencias presentadas por la organización destaca la anulación de instrumentos legales específicos. Murillo señaló que este paso resulta indispensable «particularmente, urgente en lo relativo a la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela; la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines».

El petitorio de Provea se extiende a la eliminación de otras herramientas normativas y judiciales utilizadas para contener a sectores críticos. En sus declaraciones, el vocero demandó la «derogatoria del estado de conmoción exterior y las disposiciones del Código Penal que han sido utilizadas para criminalizar a personas críticas con la gestión gubernamental o defensores de derechos humanos».

Demandas para una reconstrucción institucional

Frente al panorama institucional del país, la representación de la organización defensora de derechos humanos enfatizó que las soluciones deben responder a compromisos reales y no a medidas superficiales. El activista manifestó la postura del organismo al afirmar que exigen «cambios genuinos y creíbles» frente a la coyuntura actual.

El pronunciamiento concluye con una advertencia sobre la percepción social del proceso institucional en la nación. Murillo aseveró que «el país rechaza cualquier mecanismo de simulación» y remarcó la premura de «avanzar en el proceso de reconstrucción institucional» para garantizar el pleno respeto a los derechos en el territorio venezolano.

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