Cumplir la Constitución, restituir los derechos violentados, mejorar sueldos y salarios son algunas de las premisas que defienden y suman para el debate
Hay tantas transiciones como cabezas y partidos políticos. El escenario electoral venezolano ha alentado la posibilidad de un cambio político, que podría o no podría materializarse en 2024. Dirigentes de izquierda ponen sobre la mesa algunas premisas básicas que debe tener un programa para la transición. En todas las entrevistas surge un punto en común: la restitución de la Constitución, que consideran violentada.
Pedro Eusse: Cumplir con la Constitución
Un nuevo gobierno «debe cumplir la Constitución», sostiene Pedro Eusse, integrante del buró político del Partido Comunista de Venezuela (PCV). «Hay obligaciones constitucionales que este gobierno no cumple; por ejemplo, garantizar salarios y pensiones dignas». Tampoco respeta las luchas y las protestas; por el contrario, se ha impuesto «la criminalización de las luchas, y eso tiene que acabarse».
No debe usarse «de manera indiscriminada el Ministerio Público», propone. Deben salir de prisión las personas encarceladas injustamente «y deben acabarse las medidas cautelares», porque «son un abuso».
Si hay una crisis «que se agudiza con las sanciones imperialistas, que son una realidad, entonces hay que proteger a nuestros sectores sociales más vulnerables». Eusse explica que, en un análisis que hicieron integrantes de la CUTV y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, encontraron que «los dos sectores más vulnerados, más desprotegidos, más abusados, son los más jóvenes y los más viejos». En los sectores comerciales, indica, «los jóvenes son abusados con largas jornadas de trabajo sin límites, no se cumplen los dos días libres, no se aplica la Lopcymat, no hay derecho a sindicalizarse ni a organizarse para defenderse».
Jubilados y pensionados subsisten, como lo recuerda, «con una pensión miserable» de menos de cuatro dólares. Una de las consecuencias de la destrucción del salario «es que desaparece la seguridad social», critica. A su juicio, la bonificación del salario debe desaparecer.
«Un gobierno que se plantee transformar esta realidad actual tiene que comprometerse y tiene que cumplir la Constitución», reitera. «Asaltar un partido utilizando el Tribunal Supremo de Justicia es un atropello al estado de derecho y a la Constitución». También lo es «inhabilitar administrativamente y judicialmente no aplicando la Constitución sino el capricho de la autoridad: te inhabilito porque me da la gana».
También es imprescindible garantizar cuentas claras. «Este es un gobierno que usa la opacidad, el secreto, porque no permite que la gente sepa cuánto ingresa, en qué se gastan los recursos». La soberanía nacional debe ser restituida: «Esos privilegios que se le asignan a una trasnacional como la Chevron» deben ser eliminados.
«Poderes públicos subordinados a la cúpula del partido de gobierno… Eso hay que acabarlo, eso es violatorio del estado de derecho. Eso hay que echarlo abajo».
Rafael Venegas: Ganar y luchar
«Nosotros necesitamos hacernos conscientes de que podemos ser voceros de los intereses de los trabajadores, y que nuestro rol en la transición es hacernos intérpretes de eso», señala Rafael Venegas, secretario general de Vanguardia Popular. «Es pelear para que los trabajadores no sean excluidos del proceso de cambio, porque si no podemos pensar en una candidatura ni sin María Corina ni contra ella, tampoco podemos pensar en una transición democrática sin los trabajadores o contra los trabajadores. ¿Y quiénes estamos llamados a interpretar eso? Nosotros, las corrientes de izquierda».
Venegas propone que las organizaciones de izquierda constituyan un bloque «estrechamente vinculado con el movimiento de los trabajadores y con un programa autónomo para insertarnos en este proceso». Se trata «de sumar nuestro esfuerzo a la posibilidad del cambio, a la candidatura que tenga la primera opción, porque el objetivo es ganar» aunque sea con una candidatura de otro signo político: «El dilema es democracia o dictadura, y en las condiciones de una transición democrática hay limitaciones para aquellos que pretendan convertir la transición en un arrebato».
Pone el ejemplo de una posible privatización de Pdvsa: «Sectores de las corrientes de izquierda, de los trabajadores, saldremos en defensa de la propiedad estatal de Pdvsa».
Un gobierno de transición, en su criterio, «va a estar cruzado por conflictos, y necesita estabilidad política y paz social, y para que haya estabilidad política y paz social hay que pactar con el chavismo, en primer lugar, en el marco de la Constitución».
El primer gran objetivo, de acuerdo con Venegas, es restablecer la Constitución, y los acuerdos que se logren den estar en el contexto de la Constitución. Ve muy difícil que se instaure un programa económico neoliberal, porque la sociedad está empobrecida. «Eso es conflictividad social, y los que hemos estado luchando por los trabajadores vamos a estar en esa trinchera; es de sensatez elemental, de un gobierno de transición, buscar un entendimiento, llegar a acuerdos que le garanticen gobernabilidad, que vamos a tener paz social».
Eduardo Sánchez: Restituir derechos conculcados
En primer lugar «debe restituirse el estado de derecho, que implica devolver a los poderes su exacta magnitud», afirma, sin dudarlo, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra-UCV), Eduardo Sánchez. «No puede ser que en este país no haya dónde demandar violaciones constitucionales y violaciones del derecho al trabajo porque todo está cooptado».
Sánchez, muy crítico con el gobierno, lo acusa de haberles quitado a los trabajadores «62 años de lucha, y tienen que ser restituidos todos los derechos conculcados», como el derecho al salario y a la firma de contrato colectivo. «Cuando un contrato colectivo lo homologa el Ministerio del Trabajo, es ley, y no puede venir nadie a hacer lo que le dé la gana».
Una transición, remarca, debe garantizar los derechos de los trabajadores. «La unidad es fundamental, pero también, el concepto de autonomía; el gobierno quiere migrar todas las organizaciones sindicales a la central bolivariana. ¿Con qué sentido? Para migrar los recursos de las contrataciones colectivas y hacer de esa central un búnker rico».
