La abogada constitucionalista María Alejandra Díaz, exiliada en Colombia, participó en la conferencia virtual “Venezuela Hoy: Esperanza en tiempos de incertidumbre”, organizada por la Biblioteca de la Universidad de California en Berkeley, donde expuso un análisis sobre la situación política, institucional y jurídica de Venezuela en el contexto actual.
Durante su intervención, Díaz afirmó que el debate sobre el país tras el 3 de enero de 2026 “no es un ejercicio descriptivo, sino un acto de definición”, al advertir que lo que está en juego no es únicamente un cambio de gobierno, sino “la misma forma de Estado”.
En ese sentido, recordó que «Venezuela es formalmente una República constitucional democrática», pero sostuvo que «el conflicto actual gira en torno a la vigencia real de ese modelo».
La jurista señaló que, desde 2018, “la Constitución dejó de ser un límite para convertirse en un instrumento de su administración”, lo que —a su juicio— ha generado una “zona gris” de indeterminación institucional. En ese marco, mencionó figuras como la “ausencia forzosa”, que, explicó, “permite administrar el poder sin devolverlo al soberano”.
Díaz advirtió sobre los riesgos de procesos prolongados de gestión técnica sin responsabilidad política, señalando que ello puede derivar en lo que describió como “burocracia eterna” y la “banalidad del mal”.
En sus palabras, “el peligro es que la técnica sustituya a la política”.
La constitucionalista enfatizó que la situación venezolana no debe entenderse como una transición democrática, sino como una “transacción”, al considerar que el orden político vigente se sostiene sobre una arquitectura económica que ha sustituido la autonomía política y las libertades.
Asimismo, alertó que algunas reformas legales recientes no constituyen ajustes técnicos, sino “redefiniciones estructurales del Estado”.
En particular, advirtió que cuando “el dominio sobre el subsuelo deja de ser un instrumento de soberanía y pasa a ser un activo negociable”, lo que se cede no es solo la renta, sino “el poder y la autodeterminación”.
Díaz también abordó el impacto de la polarización política, a la que definió como un “mecanismo de poder” que alimenta extremos y excluye alternativas reales.
En ese contexto, sostuvo que «el desafío venezolano» no es únicamente institucional, sino también “cultural, político y ético”.
La jurista llamó a reconstruir «la política como un espacio de pluralidad real», afirmando que “la reconstrucción de Venezuela no puede ser una tarea de una élite ni de un nuevo hegemón, sino un proceso colectivo”.
Finalmente, insistió en que cualquier proceso de recuperación debe incluir justicia, al señalar que “sin justicia no hay confianza, y sin confianza no habrá República ni negocios”. En ese sentido, abogó por un «modelo de justicia transicional que contemple verdad, reparación y garantías de no repetición».
Díaz concluyó que el futuro del país dependerá no solo de las decisiones del poder, sino de la capacidad de la sociedad para superar la polarización, exigir el cumplimiento de la Constitución y construir “un nuevo pacto democrático desde la pluralidad y la justicia”.
