«Los jubilados y los pensionados de este país, exigimos pago justo de nuestros derechos. Ahora nos encontramos en la condición de hambre, de miseria y de indigencia nacional», así lo denunció Jesús Jaramillo miembro de la Coalición Sindical Nacional (CSN).
Jaramillo, junto a otros jubilados y pensionados manifestaron frente a la Fiscalía general de la República exigiendo «pago de pensiones y jubilación justas para todos los venezolanos por igual».
«La finalidad de nuestra concentración frente al Ministerio Público, es hacer valer nuestros derechos laborales, como jubilados y pensionados a nivel nacional», alertó Jaramillo.
Asimismo agregó que «en el Día de los Derechos Humanos venimos de nuevo acá a la Fiscalía porque nosotros introdujimos un documento hace más de un mes exigiendo al nuevo Fiscal de Derechos Humanos Laborales que tomara cartas en el asunto y que se pronunciaba sobre la situación de indigencia en las que nos encontramos los jubilados y pensionados de este país».
«Luego de está primera movilización destacamos que el ciudadano Fiscal de la República se comprometió en convocar a los miembros y los representantes de la Asamblea Nacional específicamente la Comisión de Finanzas y la Comisión del Seniat, con los fines de atender nuestras múltiples demandas», subrayó el dirigente sindical.
Además agregó «en mayo de este año el Gobierno Nacional creó un segundo impuesto dirigido a las empresas privadas del país con la finalidad de solventar la situación de los jubilados y los pensionados de nuestro país. Este impuesto de 9% sobre la base de la nómina de todos los empresarios, ha recaudado hasta la fecha un estimado de 10.000 millones de dólares y ese dinero no ha llegado aún al bolsillo de nosotros los jubilados y los pensionados. Por esta razón nosotros estamos aquí ante el Ministerio Público a exigir nuestro derecho laborales y salariales».
«Reitero que los jubilados y los pensionados de este país, seguimos en la condición de hambre, de miseria y de indigencia nacional, es hora de hacer posibel la defenza de nuestros derechos Constitucionales». subrayó.
Sueldo de hambre
Así mismo, el dirigente sindical destacó: «Nosotros seguimos cobrando apenas 130 bolívares, nuestra aspiraciones en términos de derechos laborales es un derecho de orden Constitucional».
«Es importante destacar que el salario mínimo real para cubrir la canasta básica alimentaria en mayo de este año propuesto es de 1.200 dólares mensuales por trabajador. Nosotros pedimos que de alguna otra manera se tomen en consideración, esas estimaciones, para así tener pago justo por nuestros derechos de orden Constitucional», indicó el dirigente sindical.
No obstante sugirió la creación de «una comisión nacional donde esté el Estado, la empresa privada y los jubilados con los pensionados, para hacer posible la eficiente administración de los nuevos recursos recaudados con la finalidad de pagar deudas pendientes».
«Los jubilados y pensionados de este país llegan a los 8 millones de ciudadanos a nivel nacional, y todos estamos en la más absoluta miseria e indigencia social, todo por culpa de una deficiente administración de los recursos destinados para cancelar los derechos laborales de todos nosotros», denunció.
Argumentos jurídicos
El abogado Rafael Arreaza, ex ministro de Estado para la Seguridad Social y ex presidente del Seguro Social en el segundo Gobierno de Rafael Caldera, señaló que «los derechos de los jubilados y pensionados son derechos de orden Constitucional».
«La realidad actual es que son distintos los gremios a los que se les debe el pago justo de sus derechos. Las estimaciones son infinitas», relató Arreaza.
También señaló que «hoy estamos aquí precisamente para exigirle al nuevo Fiscal de los Derechos Humanos Laborales que de una vez por todas se pronuncie en defensa de nuestros derechos Constitucionales».
«A 1.000 días sin ajuste de los salarios y pensiones y siendo el Día Internacional de los DDHH, líderes sindicales, docentes, decenas de trabajadores despedidos, jubilados y pensionados se unen frente a la fiscalía y siguen luchando por el justo pago de nuestras pensiones», señaló.
Además señaló que «este Gobierno nos tiene la deuda laboral más grande de latinoamérica y el 2025 comenzará con una lucha laboral sin tregua. Los jubilados y pensionados exigen instalar la comisión para la administración de los fondos recaudados de la Ley de Protección al Pensionado».
