Es una medida para proteger al pueblo y evitar el abuso de algunos funcionarios que se «extralimitan de sus funciones o inescrupulosos» que se «aprovechan del poder y de la confianza», manifestó el analista político.
«Desde este momento cualquier ciudadano está autorizado a grabar cualquier procedimiento en todo el territorio nacional, en los puntos de control no podrán decomisar los móviles los policías o militares, que presten servicios deben estar identificados y permitir ser captados en vídeos para evitar el abuso, la negociación o extorsión», así lo expresó el abogado experto de derecho penal Héctor Guaicaipuro Sulbaran.
Agregó además que «de comprobarse tal acción los funcionarios serán destituidos, detenidos, enjuiciados y encarcelados».
Asegura el docente del derecho que «tanto el ministerio de Relaciones Interiores, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio Público están unidos en el éxito de ésta medida que estima el castigo con todo el peso de la Ley, e igual los directores de cada componente policial o militares, ya que serán detenidos por el delito de coautores de sus subalternos, como cómplices de los delitos en concierto para delinquir».
Considera Sulbaran que «de ésta manera es el único mecanismo legal que se pueda utilizar para limpiar las instituciones de seguridad, que la protección es importante, pero la guerra contra la corrupción debe ser frontal y la colectividad debe ser garante de ese principio, por lo que es acertado lo que el Gobierno que preside Nicolás Maduro ha asumido para frenar lo que mucha gente por años viene denunciando, ahora el ciudadano tendrá una herramienta de defensa en esta materia».
