Sentenció que es una lástima que no hayan oído a nadie, cuando muchas veces la Comisión Mixta invitó a los cancilleres y funcionarios para que explicaran las gestiones del buen oficiante designado por el Secretario General de la ONU
El presidente de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional de 2015, Williams Dávila Barrios, salió al paso a la objeción preliminar presentada por la administración de Nicolás Maduro ante la admisibilidad de la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Dávila subrayó que debe tomarse en cuenta el acuerdo celebrado en el marco de las negociaciones de México, pues se trata de una cuestión de Estado que es de interés de todos los venezolanos. En función de ello, reiteró la importancia de que el régimen actúe con transparencia y seriedad para fundamentar la objeción y defender realmente los intereses de la República.
“Es una cuestión de Estado y así ha debido ser considerada por Maduro y todos sus cancilleres que no estuvieron a la altura del interés nacional”.
Sentenció que es una lástima que no hayan oído a nadie, cuando muchas veces la Comisión Mixta invitó a los cancilleres y funcionarios para que explicaran las gestiones del buen oficiante designado por el Secretario General de la ONU: “Los citamos para que nos explicaran qué estrategia iban a seguir ante los anuncios hechos por Antonio Guterres de enviar la reclamación a la CIJ y nunca respondieron, lo que hicieron fue darle la espalda al país nacional y actuar sin consultar a los distintos actores de la vida nacional: sociedad civil, academia, etcétera, que han estado presentes en la lucha por un territorio que, sentenció, es de la República”.
Criticó la designación por parte de Delcy Rodríguez, vicepresidente ejecutiva de Maduro, de Samuel Moncada, Félix Plasencia y Elsie Rosales como agentes y coagentes representantes de Venezuela ante la Corte.
«El régimen aparece, sin consultar a los distintos actores nacionales y sociedad civil, considerando que el caso no es judicializable y que debe ser resuelto mediante negociaciones entre las partes para encontrar una solución amistosa y mutuamente satisfactoria sobre la controversia territorial. Así lo hemos dicho siempre desde la instancia parlamentaria que ha luchado por años contra quienes pretenden hacerse del suelo y las riquezas que pertenecen a las generaciones futuras de nuestro país», advirtió.
