Grupos de medios y expertos en asuntos digitales denunciaron los recursos utilizados por el Gobierno venezolano y otros sistemas para «restringir el trabajo de la prensa independiente» mediante los «bloqueos» ejecutados por empresas privadas de telecomunicaciones
El análisis de la crítica situación de los medios independientes en Venezuela tuvo lugar en el webinario: «La condenable agresión cibernética contra medios y periodistas», informó este viernes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organizadora del encuentro.
Coincidieron los ponentes en la denuncia del uso en Venezuela y Cuba de empresas privadas de telecomunicaciones que, «manipuladas» y presionadas por los Gobiernos respectivos, «bloquean sitios de internet de medios de comunicación y otros espacios periodísticos en línea».
En Venezuela…
Luz Mely Reyes, fundadora y directora del medio digital Efecto Cocuyo, de Venezuela, explicó que desde 2019 la estatal CANTV «viene bloqueando en forma intermitente» su sitio en línea.
Agregó que desde el pasado 1 de febrero la mayoría de las empresas privadas de telecomunicaciones ejecutan las órdenes de bloqueo del Gobierno venezolano.
En ese contexto, denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro es «implacable para agredir y difamar a sus periodistas».
«Nos cierran una puerta, abrimos 10 ventanas para seguir informando; esa es la forma en que trabajamos los periodistas independientes venezolanos», afirmó la comunicadora social.
Por su parte, Marysabel Rodríguez, directora de Libertad de Prensa de la organización Espacio Público, dijo que, tras un censo que realizaron, identificaron 981 medios que todavía operan en el país, 17% de ellos nativos digitales.
Destacó que el 20 % de estos «sigue sufriendo bloqueos» en internet, de lo que responsabilizó a la oficialista CANTV y otras empresas privadas de telecomunicaciones.
Miguel Henrique Otero, presidente de El Nacional, cuya sede embargó y entregó la Justicia venezolana a Diosdado Cabello, fue también muy crítico con las empresas privadas de telecomunicaciones sometidas a los gobiernos de Cuba o Venezuela.
«En países democráticos, estas empresas muestran y declaran prácticas consecuentes con los derechos humanos, pero deberían ser también consecuentes con sus propias políticas en los países autoritarios donde operan», expresó Otero.
Otero criticó a la «dictadura venezolana y la falta de independencia de poderes» y habló sobre el «fallo judicial irregular» que le arrebató la propiedad de la sede de El Nacional, pero descartó la amenaza de Cabello de arrebatarle a El Nacional su página web.
Michel Roberto de Souza, director de Políticas Públicas de la organización Derechos Digitales, de Brasil, apuntó que «los apagones de internet son nocivos para los derechos humanos».
De Souza resaltó el planteamiento de la Relatoría para la Libertad de Expresión sobre «el deterioro creciente del debate público» y puso énfasis en el «uso del software Pegasus, por parte del Gobierno salvadoreño para espiar a medios y periodistas».
