El padre Alfredo Infante leyó un comunicado, este jueves 23 de junio, en el cual aclara que «si por nuestros pronunciamientos pasados ha sido interpretado que pretendimos ponerle en tela de juicio, señalarle o sentenciarle, nos retractamos hoy de tales señalamientos»
El anticipo de la noticia fue un video difundido este miércoles en la noche, en el cual el abogado Joel García anunciaba que los defensores de derechos humanos Marino Alvarado (Provea) y el padre Alfredo Infante (Centro Gumilla) habían llegado a un acuerdo conciliatorio con el gobernador de Carabobo, el dirigente oficialista Rafael Lacava.
El mandatario demandó al padre Infante y a Alvarado por considerar que el más reciente informe de la coalición Lupa por la Vida, en el cual se reflejaba que la Policía de Carabobo es el cuerpo de seguridad más involucrado en presuntas ejecuciones extrajudiciales, afectaba su imagen.
Este jueves 23 de junio, García, Alvarado e Infante detallaron los términos del acuerdo. El sacerdote jesuita, hombre dedicado a la atención de las comunidades empobrecidas de Caracas, leyó un comunicado en el cual se retractan de cualquier planteamiento que haya perjudicado a Lacava.
«Si en un contexto relacionado a informaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales mencionamos al gobernador Rafael Lacava en ruedas de prensa, entrevistas y publicaciones digitales, aclaramos que no fue ni es nuestro propósito ponerle personalmente en tela de juicio, ni señalarle de forma específica, ni sentenciarle en lo particular. Si por nuestros pronunciamientos pasados ha sido interpretado que pretendimos ponerle en tela de juicio, señalarle o sentenciarle, nos retractamos hoy de tales señalamientos», expresó.
También instaron a que se investiguen las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, para que los familiares tengan acceso a la justicia. «Es una exigencia a la que aspiramos, no solo en Carabobo, sino en todo el territorio nacional».
Como lo aclaró Alvarado, queda abierta la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos «podamos contribuir en la medida en que la gobernación y la Policía de Carabobo» lo acepten. No hay un compromiso de reestructuración de Policarabobo, por ejemplo, pero queda abierta la posibilidad de que la oficina de la alta comisionada de DDHH, Michelle Bachelet, apoye un proceso de revisión.
A pesar del trago amargo que pasaron, los tres reivindicaron el diálogo como forma de resolución de este conflicto. «Afortunadamente tuvimos posibilidad de dialogar y se abrieron algunos canales», refirió Alvarado, y reiteró que siempre están dispuestos a trabajar por las comunidades.
Alvarado e Infante, con la asesoría legal de García, tienen hasta el 23 de agosto para cumplir con el cronograma acordado, que incluye la difusión del comunicado leído este jueves por distintas plataformas e, incluso, medios impresos.
