El pasado 5 de mayo de 2026, los tribunales venezolanos dictaron la pena máxima de 30 años de prisión contra tres ciudadanos detenidos en 2022, en el marco de las operaciones contra los grupos denominados «Tancol» (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia). Los condenados son María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador, quienes, según sus familiares, fueron víctimas de desaparición forzada y torturas por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para forzar confesiones de delitos no cometidos.
Nurys Villamizar, madre de los hermanos Domador, calificó el proceso como un montaje judicial para engrosar estadísticas oficiales. “Necesitaban mostrar números y agarraron a gente inocente, las torturaron para que asumieran delitos que no cometieron, los desaparecieron, no le garantizaron su derecho a la defensa, y ahora los tribunales están condenando a todos a 30 años”, denunció Villamizar, quien además exigió una amnistía general para todos los afectados por estas prácticas.
Patrón de detenciones en zonas fronterizas
El Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol ha documentado 67 casos similares ocurridos mayoritariamente entre 2021 y 2022. Según el registro de esta organización, las víctimas suelen ser personas en situación de pobreza provenientes de estados fronterizos y sectores rurales, tales como cocineras, ordeñadores y trabajadores de fincas. Entre los ya condenados a la pena máxima se encuentran María Gregoria Gómez, Luis Silfredo Domínguez, Ángel Eduardo Cañas e Hiller José Bohórquez.
Oglis Ramos, hermano de Jhonny José Ramos, detenido en 2021 en Guasdualito, describió el sistema judicial como una estructura que discrimina por condición social. “Es una justicia penal clasista, que se ensaña contra los pobres. Puede detenernos, hacernos un montaje con pruebas falsas, torturarnos, acusar a campesinos […] de terroristas, porque sabe que en la frontera es muy difícil denunciar, porque no tenemos poder o dinero para hacernos oír”, sentenció Ramos.
A pesar de que los familiares han presentado sus testimonios ante el Programa de Paz y Convivencia Democrática, la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, los tribunales de terrorismo han continuado emitiendo las sentencias más altas previstas en la legislación. Asimismo, el Comité informó que han solicitado audiencias, sin obtener respuesta hasta la fecha, a la Comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía, presidida por Jorge Arreaza.
Ante la reciente sentencia, los familiares exigen a la Defensa Pública que interponga los recursos de apelación correspondientes y exhortan al Ministerio Público a revisar su actuación en estos casos. Por su parte, Antonio González Plessmann, co-director de la organización Surgentes, señaló que existen mecanismos legales para resarcir los daños ocasionados por lo que considera una criminalización de la pobreza.
“Hay distintas vías para comenzar a disminuir los daños que una justicia clasista […] ha ocasionado a estas familias. La más adecuada, nos parece, es que sean amnistiados y puedan recuperar libertad plena lo más pronto posible”, afirmó González Plessmann.
