La Asamblea Nacional (AN) de 2015 rechazó este martes la condena de 16 años de prisión, impuesta por la jueza del Tribunal 2do de Juicio del Área Metropolitana con competencia en Terrorismo, Grendy Duque, contra los dirigentes sindicales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reinaldo Cortés, y exigió su inmediata libertad.
El debate lo inició el diputado José Hernández (Un Nuevo Tiempo): “Estos trabajadores fueron arrestados, enjuiciados y sentenciados en una aberrante y bochornosa decisión de un tribunal que criminalizó una protesta legítima. No cabe duda de que esto forma parte de una política represiva sistemática para amedrentar al pueblo de Venezuela que pasa hambre y penurias”.
Reconoció que vienen tiempos difíciles donde la represión y persecución de los trabajadores se incrementará. “16 años por protestar es una fotografía con un mensaje que pretende amilanar y apaciguar la calentura del pueblo de Venezuela”. No obstante, tras rechazar la decisión Hernández manifestó que “solo en unidad los trabajadores y el pueblo de Venezuela lograremos el cambio político, institucional que necesitamos”.
Al tomar la palabra la diputada Ana Salas (Encuentro Ciudadano), quien acotó que el Ministerio Público no pudo demostrar acusación alguna presentada contra los hoy condenados. “Para esta condena solo hizo falta un fiscal mentiroso que en el juicio, acusó a estos seis luchadores sociales de planificar un ataque el 5 de julio en Caracas contra quien ocupa Miraflores; y además asaltar el Conscripto de Alistamiento Militar de San Jacinto en Mérida con el objetivo de apoderarse del parque de armas de ese recinto: 120 fusiles”.
Salas cuestionó que el Fiscal negara que los hoy presos no sean líderes sindicales. “Se les sentencia por delitos no probados ni demostrados de conspiración y asociación para delinquir, solamente por presunciones. Es una sentencia arbitraria, contraria a derecho. Su único delito fue mantenerse en las calles exigiendo mejores salarios mínimos y pidiendo respeto a sus derechos laborales”, agregó.
El diputado Juan Pablo García (Vente Venezuela) calificó como “aberrada” la decisión de la jueza Grendy Duque contra los dirigentes sindicales condenados por “defender sus derechos y denunciar los atropellos del régimen contra sus compañeros de trabajo”. En Venezuela, dijo, “reclamar, disentir, defender los derechos es considerado un delito grave. Pero el robo al erario público por más de $700 mil millones, no constituye delito y quienes deben actuar frente a semejante robo a la nación, hacen caso omiso. A los jueces y fiscales cómplices de este desastre y caos, les manifestó que en Venezuela “los excesos, las injusticias, la contravención de leyes y normas y el menoscabo de los derechos fundamentales no pueden ser justificados bajo la obediencia debida”, advirtiéndoles que más temprano que tarde tendrán que responder por sus actos criminales, “porque la responsabilidad penal es personalísima”.
Para el diputado Rafael Veloz (Voluntad Popular), la decisión emitida por Glendy Duque marca un precedente nefasto, pues es una de las sentencias “más aberrantes, arbitrarias e injustas que el sistema de justicia venezolano ha dictado y que, sin duda, ha tocado la fibra de todos los venezolanos”.
Veloz agradeció a las redes sociales por mantener este tema sobre la palestra pública y pidió a los venezolanos no normalizar esta irregularidad, pues los dirigentes sindicales solo fueron señalados por salir a protestar y “exigir a un régimen que ha saqueado el erario público, salarios dignos para los trabajadores, respeto a los derechos humanos y dejar sin efecto el instructivo Onapre”. Si bien dijo que los abogados de los sindicalistas están apelando la sentencia, están conscientes de que en Venezuela no hay Estado de Derecho y, en consecuencia, acudirán al sistema de justicia internacional como Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y la Organización Internacional del Trabajo. “Estamos frente a un recrudecimiento de la persecución y el amedrentamiento no solo de los disidentes de la oposición sino también de cualquier ciudadano”, enfatizó.
La diputada de Primero Justicia, Yajaira Castro de Forero, calificó como “una gran injusticia la aberrante sentencia” dictada contra los seis dirigentes sindicales, siendo inocentes. De Alcides Bracho, Castro dijo que es docente y artista plástico, cuyo activismo sindical fue desarrollado en el magisterio a través de la Federación Venezolana de Maestros (FVM); Gabriel Blanco es un trabajador humanitario, activista de los DDHH y sindicalista, miembro del Sindicato de Trabajadores de Carrera Legislativa de la Asamblea Nacional; Alonso Méndez es miembro de la organización política Bandera Roja; Reinaldo Cortés es secretario general del Comité Político Regional de Bandera Roja; Néstor Astudillo es sindicalista y activista de la organización política Bandera Roja; y Emilio Negrín es abogado, activista de DDHH, miembro nacional de la Coalición Sindical Nacional y presidente de la Federación de los Trabajadores Tribunalicios.
“Estos seis hombres no son conspiradores. La realidad es que todos venían denunciando las violaciones de los DDHH de los trabajadores. No es un delito exigir salarios dignos y justos en un país como el nuestro, donde un trabajador apenas gana $4 mensuales. No es un delito alzar la voz contra el instructivo de la Onapre, violatorio de los derechos de los trabajadores. No es un delito exigir mejor calidad de vida para los trabajadores”, apuntó.
Finalmente, la presidenta de la Asamblea Dinorah Figuera, intervino para recordar al diputado Juan Requesens, preso político desde hace cinco años. Requesens “nos ha dado un ejemplo de que debemos negarnos a rendirnos. No podemos claudicar, debemos seguir adelante”, precisó al señalar acerca de ese recordatorio, que hoy más que nunca, no solo se trata del diputado Requesens y de los parlamentarios que han sido perseguidos, criminalizados y estigmatizados, sino también de este grupo de sindicalistas defensores de los DDHH”.
