La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), América Pérez, destacó que la Ley para la Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas, aprobada por el Parlamento, fue un proceso de consenso entre distintos sectores de la sociedad y tiene como propósito establecer un marco jurídico que proteja tanto a las familias que adquieren una vivienda como a quienes invierten en proyectos de construcción.
La diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) explicó que el instrumento legal constituye una reforma de la antigua Ley contra la Estafa Inmobiliaria, con una visión más amplia orientada a promover y proteger la construcción de viviendas.
La parlamentaria señaló que la nueva legislación busca generar garantías para los compradores, pero también seguridad jurídica para los inversionistas y desarrolladores del sector.
En relación con los proyectos de preventa, Pérez resaltó que la norma procura evitar situaciones de estafa inmobiliaria y establece mecanismos destinados a proteger los recursos de las familias que deciden invertir sus ahorros en una vivienda en construcción.
Destacó que durante el proceso de elaboración de la ley se produjo un intercambio con el sector privado, que permitió flexibilizar algunas medidas inicialmente contempladas para facilitar el desarrollo de los proyectos habitacionales.
«Esta ley desarrolla una forma de adquirir vivienda que es a través de la preventa, a través de proyectos de construcción, y el Estado debe regular, debe acompañar, debe fiscalizar y debe proteger a la familia venezolana que quiere acceder a este derecho de la vivienda», añadió.
Explicó que la ley regula la modalidad de adquisición de viviendas mediante preventa y proyectos de construcción, con acompañamiento estatal durante las distintas etapas del proceso.
En cuanto al precio de las viviendas, la diputada de la Asamblea Nacional señaló que el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda tendrá atribuciones de supervisión y fiscalización de los proyectos.
Pérez indicó que el precio acordado deberá quedar establecido en el contrato y guardar coherencia con las condiciones del mercado y las posibilidades de quienes acceden al proyecto.
Otro de los elementos destacados por Pérez es la incorporación de la banca al desarrollo de los proyectos de vivienda mediante mecanismos de fideicomiso destinados a proteger los recursos invertidos.
Finalmente, Pérez destacó que la legislación incorpora mecanismos dirigidos a reducir los tiempos asociados a la permisología necesaria para desarrollar proyectos habitacionales, en articulación con la Ley Orgánica de Aceleración de Trámites.
