El Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores entregó este lunes una comunicación formal dirigida a la diputada Dinorah Figuera, en su condición de presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y coordinadora de la Comisión de Diálogo para la Transición Democrática. En la carta, los representantes de la agrupación solicitaron formalmente la inclusión de la crítica situación que atraviesa la tercera edad como un punto prioritario en la agenda de discusión nacional, según informó Provea.
Acompañando la petición con un informe detallado sobre violaciones sistemáticas a sus garantías fundamentales, la organización apeló a que este sector, calificado como históricamente postergado, participe activamente en la construcción del futuro del país. Dentro del texto, la agrupación denunció que “los adultos mayores han sido, una vez más, quienes han llevado la peor parte de la crisis política, económica, financiera, social y moral que atraviesa Venezuela. Como suele ocurrir, la soga termina reventando por lo más delgado”.
Asimismo, el documento expone la pérdida sostenida del poder adquisitivo que afecta a la población de la tercera edad desde hace más de una década, señalando que “desde 2013, y de manera particularmente grave durante los últimos años, millones de pensionados, jubilados y adultos mayores han visto pulverizado el valor real de sus ingresos, mientras enfrentan enormes dificultades para acceder a alimentos, medicamentos, atención médica, vivienda y servicios básicos”.
La misiva enfatiza además la situación que afecta a los venezolanos retirados en el extranjero, indicando que “se suma el abandono de miles de pensionados venezolanos residentes en el exterior, cuyos pagos fueron suspendidos desde 2016, acumulándose una deuda que el Estado deberá necesariamente reconocer y reparar”.
El documento, firmado por los dirigentes nacionales Urimare Capote y Edgar Silva junto a delegados regionales, resalta que la recuperación democrática venezolana resulta inviable si se omite a quienes cotizaron y trabajaron durante décadas por la nación.
En este marco, la organización Provea reiteró que, ante el comienzo de un nuevo ciclo de conversaciones entre sectores del oficialismo y la oposición auspiciado por la administración Trump, la restitución del Estado de Derecho requiere la atención inmediata de las exigencias por sueldos y pensiones dignas, así como el acatamiento de las obligaciones del Estado relativas a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). La entidad remarcó que cualquier negociación que pretenda contar con legitimidad debe centrarse de manera genuina en las necesidades de la ciudadanía.
