El fiscal jefe del tribunal internacional, Karim Khan, anunció la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante una visita oficial a Caracas el pasado 3 de noviembre, e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el Gobierno, el cual firmó conjuntamente con Nicolás Maduro
Las autoridades de Países Bajos pospusieron la visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Maduro, a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) debido a “asuntos pendientes sobre la autorización de seguridad” del avión en el que se habría trasladado, dijo hoy a Efe un portavoz del Ministerio de Exteriores neerlandés.
La funcionaria tenía prevista una reunión este lunes en La Haya con representantes de la CPI, tribunal que ha abierto una investigación al país por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Rodríguez figura en una lista de miembros del gobierno de Maduro sancionados por la Unión Europea desde 2018, lo que implica que en un principio tendría prohibida la entrada en territorio comunitario.
No obstante, la visita no habría sido pospuesta por este motivo ya que Países Bajos “ha concedido una excepción a las existentes sanciones de la UE”, dijo el portavoz de Exteriores, “con el único propósito de que asista a una reunión en las instalaciones de la CPI”.
El gobierno neerlandés está en contacto directo con las autoridades venezolanas para facilitar el viaje de la vicepresidenta Rodríguez, añadió la fuente, que no especificó el problema de seguridad que tendría el avión de la mandataria ni para qué fecha se ha aplazado el viaje.
No es la primera vez que un miembro del gobierno de Maduro sancionado por la UE planifica una visita a la corte internacional con sede en La Haya.
El presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel Moreno, asistió en julio de 2018 a una reunión en la CPI para conmemorar el 20º aniversario de su carta fundacional, el Estatuto de Roma, e intervino como orador.
Por aquel entonces, el Ministerio de Exteriores neerlandés explicó que tiene un convenio firmado con la CPI por el cual debe conceder este tipo de excepciones, siempre y cuando la visita se limite a las dependencias de la institución judicial.
