El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social presentó este lunes su informe semestral
Un total de 10.477 protestas se registraron en las calles de Venezuela en el primer semestre de 2019, con una media de 58 manifestaciones diarias, en las que se produjeron, fundamentalmente, reivindicaciones políticas y sociales, informó este lunes el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
En su informe semestral, detallaron que el número de protestas se incrementó 97% en comparación con el mismo período del año 2018.
La ONG considera que la cifra «pone en evidencia la gravedad de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela» y deja ver como los derechos humanos de los venezolanos «son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación».
Del total de manifestaciones, 4.777 correspondieron a exigencias por el «derecho a la participación política», 4.169 por «derecho a la vivienda/servicios públicos», 1.587 por «derechos laborales» y 697 por «derecho a la alimentación».
Las formas de protestas más comunes fueron las concentraciones callejeras, el cierre de vías públicas y las marchas, que sumaron 74,75% de las modalidades, que incluyen, además, cacerolazos y pancartazos.
Las manifestaciones, advierte la entidad, se produjeron en zonas rurales y urbanas del territorio nacional y «muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos».
En el informe se resalta el incremento de las protestas en sectores populares, considerados «antiguos bastiones del chavismo» y las enfocadas a pedir «la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia».
En Miranda y el Distrito Capital fue donde más se registraron protestas, con 947 y 888 manifestaciones, respectivamente, además de los estados Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716).
Según OVCS, durante el período enero-junio la crisis venezolana se agudizó de manera «acelerada e insostenible» a consecuencia del colapso de los servicios públicos (electricidad, agua potable y gas doméstico), la escasez de gasolina, las limitaciones crónicas al acceso a medicinas, insumos médicos y alimentos, entre otros.
El observatorio denunció que durante el período «arreció la política de represión», con el «uso de grupos de exterminio para reprimir» que, asegura, están «conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos paramilitares».
Según OVCS, de enero a junio se contabilizó «un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas» y además «6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales» a consecuencia de «allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones».