Las zonas en las que más se han registrado estos casos son las grandes ciudades como la Gran Caracas, zona metropolitana de Miranda, Barquisimeto, Anzoátegui y Valencia
El Movimiento de inquilinos y diferentes organizaciones sociales que luchan por el derecho a la vivienda, exigieron este martes en la Fiscalía General de la República, el cese de la criminalización de inquilinos y ocupantes legítimos de propiedades.
“Se vienen ejerciendo acusaciones principalmente hacia los inquilinos, trabajadores residenciales, compañeros y compañeras que también están impulsando la Gran Misión Vivienda Venezuela, y bueno se viene dando un tema de criminalización, penalización y judicialización”, denunció Rigel Sergent, vocero del Movimiento de Inquilinos.
Asegura que se trata de casos donde las personas llevan años viviendo como inquilinos y se les acusa por el presunto delito de invasión, para desalojarlos y desconocer las leyes que les brindan protección.
Es por ello que exigen a la Fiscalía que se investiguen más de 30 casos que se han documentado, así como la instigación al odio a través de distintas redes sociales, acusándolos de delito de invasión.
“Que haya una defensa desde la Fiscalía… Que se le de un parado al tema de la criminalización, que la Fiscalía también tenga una defensa con respecto a las personas que están siendo acusadas de delitos de invasión. También estamos solicitando que se abra una fiscalía en materia del derecho al hábitat, a la vivienda y contra los desalojos arbitrarios”.
Recuerdan que hay inviolabilidad del hogar a pesar de que no sean propietarios de los inmuebles “hay actuaciones que también hemos identificado de algunos funcionarios que a motu propio están actuando sin tener las competencias, pueden ser funcionarios policiales, entre otros. También hemos visto, el fin de semana estábamos en Aragua y nos decían que hay jueces de paz ejerciendo medidas que no tienen”.
Aseguran que estas actuaciones en contra de inquilinos se presentan desde hace más de dos años, pero se han agudizado en plena pandemia y tras la publicación de informaciones que señalan que los inquilinos perdieron protección, luego de que no se renovara un decreto del Ejecutivo que brindaba protección económica en el tiempo de pandemia.
También exigen a la Fiscalía que haya celeridad a las respuestas en los casos denunciados y recordaron a los inquilinos y ocupantes legítimos que hay mecanismos legales para denunciar actuaciones al margen de la ley.
