Las marcas en las paredes indican que el apartamento de Mariela soportó una fuerza que parecía que lo haría estallar. No se vino abajo, pero quedaron las señales de los terremotos de San Juan, y cada una de ellas se corresponde con el miedo de sus habitantes. La mamá y el hijo de Mariela tuvieron que salir por el balcón, porque la puerta se trabó; ambos lograron sobrevivir, aunque su vivienda necesita reparaciones.
La tierra parece haberse tragado la torre D del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi, en Playa Grande, donde todavía se afanan los rescatistas para tratar de recuperar los cadáveres de sus habitantes. En el bloque 3 de La Páez, en Catia La Mar, todo se desplomó y se llevó consigo, entre otros, a dos estudiantes de la escuela de letras de la UCV: Stephanie Zambrano y Jesús Santana. El hogar, un espacio sagrado en Venezuela, se convirtió en un lugar de muerte y desolación.
Datos oficiales registran 190 edificios colapsados y 856 edificios afectados debido a los sismos. Algunos se vinieron abajo con todos sus habitantes; otros resistieron los embates y preservaron las vidas. Como lo han comentado bomberos y rescatistas, en las inspecciones posteriores se han encontrado con apartamentos en los que se eliminaron las llamadas paredes de carga; suelos arenosos que no podían soportar el peso; vigas cortadas, materiales defectuosos, problemas de diseño. Todo eso salió a la luz el 24 de junio.


Para tranquilizar a miles de vecinos que no se atrevían a entrar a sus viviendas, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Comisión Presidencial unieron esfuerzos a fin de formar a profesionales de la ingeniería y la arquitectura en evaluación rápida de estructuras. El acuerdo entre el ministro de Transporte, Francisco Garcés, y el presidente del gremio de ingenieros, Enzo Betancourt, ha alentado esta formación a fin de reforzar el trabajo de los bomberos y poder llegar, según el sistema del semáforo, al color verde (habitable), color amarillo (habitable, pero con mejoras) y el color rojo (inhabitable en este momento).
El profesor Sergio Silva, de la escuela de ingeniería civil de la UCV, se ha dedicado a formar a estos inspectores. «Capacitamos a personas con conocimiento de base» para «la aplicación de la metodología de revisión rápida estructural», que comienza «con la observación de los elementos estructurales de una edificación». La mampostería puede haberse roto, pero si las columnas y las vigas están bien, se puede recuperar la vivienda, porque es la estructura principal la realmente importante. Silva ha formado más de 500 personas que prestan sus servicios voluntariamente en coordinación con las autoridades.
El pasado viernes 17 de julio un equipo de inspectores liderado por el profesor Jorge Labrador, de la facultad de arquitectura y urbanismo de la UCV, inspeccionó 30 viviendas en Naiguatá, una de las zonas supuestamente menos afectadas por los terremotos. Pero se encontró no solo con problemas previos en las estructuras (como las filtraciones), sino con daños estructurales menores en 80 % de ellas, y una afectación mediana o mayor en 20 % restante. Este porcentaje se repite en buena parte de los estados golpeados por las ondas sísmicas.





