El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela ha emitido un pronunciamiento oficial para expresar su «profunda preocupación frente a la grave crisis política, institucional, moral, económica y social» que atraviesa el país. En el documento, la institución propone formalmente la declaratoria de una «Emergencia Laboral Académica», denunciando que hablar de normalidad bajo las condiciones actuales representa «un exabrupto» mientras la comunidad universitaria se ve imposibilitada de cubrir sus necesidades vitales.
La máxima instancia de esta Facultad subrayó que, en este mes de marzo, los universitarios arriban a «4 años sin aumento salarial», una situación que ha agudizado la «crisis humanitaria compleja» y ha colocado a la comunidad académica en una situación de «extrema vulnerabilidad». El texto detalla que el salario de un Profesor Titular a dedicación exclusiva «no llega a los 3 dólares mensuales», una cifra que contrasta con una canasta alimentaria que supera los 677 dólares, a pesar de que el Estado ha reconocido un aumento del Producto Interno Bruto y de los ingresos por la venta de petróleo y minerales.
En el ámbito político, el comunicado señala que la crisis se manifiesta en el «debilitamiento de nuestras instituciones, la violación de derechos humanos y el desconocimiento de la voluntad popular», mencionando como un punto de inflexión los sucesos ocurridos en la madrugada del pasado «sábado 3 de enero de 2026». Ante esta realidad, la Facultad exige la «libertad plena de todos los presos políticos, sin medidas cautelares», y defiende que el pensamiento crítico y la pluralidad política «deben ser respetados y nunca criminalizados».
Finalmente, el Consejo de Facultad advierte que la reconstrucción nacional debe cimentarse sobre la «adopción inmediata de una política de sueldos y salarios justos», exigiendo que cese la actual «política de bonificación» para restituir los derechos laborales. Para la institución, las aulas deben seguir siendo espacios donde se cultive el «respeto a la pluralidad y a la dignidad humana», elementos que consideran indispensables para transitar hacia la estabilidad y el restablecimiento del «Estado de Derecho» que la nación demanda.
