Amada y odiada por igual, su visita a Venezuela como alta comisionada para los derechos humanos -que comienza este miércoles 19 de junio- no se ha salvado de la polarización. Su equipo llegó antes y se va después para completar el informe que será presentado el 5 de julio
Los detractores en Venezuela de la chilena Michelle Bachelet probablemente no saben que fue presa política, al igual que su padre, pero con la diferencia de que Alberto Bachelet murió y su hija es hoy la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Interrogada y torturada, conoció en su carne, en 1975, lo arbitrario que puede ser el ejercicio del poder. Particularmente el del régimen de Augusto Pinochet.
Bachelet, quien pudo salir al exilio en la República Democrática Alemana, sabe de qué se habla cuando se habla de tratos crueles, inhumanos y degradantes porque los conoció en primera persona.
Médica de profesión y socialista de convicción (su padre acompañó al presidente Salvador Allende), Bachelet dirigió dos veces el destino de los chilenos. Su último mandato culminó en 2018.
Todavía no ha pisado Venezuela y su visita ya es objeto de controversia: Que si la invitó el mandatario Nicolás Maduro y al aceptar lo reconoce como presidente; que si es socialista y no va a escuchar los alegatos de la oposición, ni a ver el retroceso en materia de derechos humanos; que si está parcializada a favor del oficialismo.
A pesar de esas apreciaciones por parte de algunos quienes no simpatizan con Maduro, en marzo pasado presentó un avance del informe sobre la crisis venezolana que, dicho en términos coloquiales, «dejó en la calle» al Ejecutivo venezolano. El texto definitivo se conocerá el 5 de julio; es decir, dos semanas después de la visita de tres días que la alta comisionada encabezará a partir de este miércoles 19 de junio.
Debe reunirse con Maduro
«La llegada de Bachelet es consecuencia de una serie de acontecimientos que han ocurrido en Venezuela; es uno de los legados que dejó la rebelión popular de 2017», explica a Contrapunto el activista de derechos humanos Marino Alvarado, excoordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.
Recuerda el activista que la represión gubernamental «disparó las alarmas de los organismos internacionales» y alentó los pronunciamientos de Naciones Unidas, hasta el punto de que le encomendaron a Bachelet, como alta comisionada, elaborar el informe y «constatar en el terreno» la situación.
Alvarado precisa que la presencia de la funcionaria debe contar con la anuencia del Ejecutivo, y que debe reunirse con sus integrantes. «Ella tiene que reunirse con quien ejerce el poder de facto, que es Maduro, y eso no es un reconocimiento a Maduro ni al proceso por el cual se dio su fraudulenta elección», insiste el abogado.
Antes de su llegada ha tenido otros ojos en el país: los de su equipo técnico, que estuvo en Venezuela en marzo, que volvió a la nación hace varios días y que se mantendrá un tiempo más en el territorio venezolano. «Tenemos bastante confianza en el equipo técnico que está trabajando», subraya.
En la agenda de Bachelet está incluida no sólo la reunión con Maduro y representantes de su gabinete, sino también el encuentro con la oposición, la Asamblea Nacional y la sociedad civil.
Socialista, no complaciente
El prurito que puede generar en algunos sectores su militancia socialista es infundado, asegura Alvarado, porque eso «no le anula la posibilidad de constatar lo que sucede y preparar un informe lo más objetivo posible». Un criterio similar expone Reinaldo Quijada, dirigente de izquierda y presidente del partido UPP89: «No tenemos ningún motivo para pensar» que va a ser complaciente con el Ejecutivo por ser socialista.
Quijada afirma, además, que «la situación venezolana está a la vista», y que basta hablar con cualquier ciudadano para darse cuenta de la gravedad de lo que sucede.
Es partidario de que Bachelet viaje al interior del país -como lo solicitó el Parlamento- porque «la situación es más grave que en Caracas».
