Cada vez que un representante del gobierno venezolano habla sobre un aumento del ingreso, ya los gremios y sindicatos saben que el salario mínimo se mantendrá en el mismo monto vigente desde hace cuatro años: 130 bolívares. El pasado 30 de abril, la presidenta Delcy Rodríguez anunció un ajuste del ingreso integral, que se elevó hasta el equivalente a 240 dólares, con el aval de empresarios y dos centrales sindicales. Al día siguiente, 1 de mayo, gremios y sindicatos marcharon hasta la Defensoría del Pueblo para exigir un incremento del salario y no de los bonos.
Las organizaciones que se movilizan por mejores condiciones salariales ya advirtieron que seguirán protestando. La profesora Keta Stephany, directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), indicó este lunes que las universidades no soportarán otro año con el mismo salario mínimo y adelantó que, incluso, están evaluando una paralización de las casas de estudio.
Sin embargo, el ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, explicó este lunes que el gobierno seguirá trabajando con el ingreso integral como mecanismo «para llegar al aumento del salario; en cualquier momento vamos a llegar al aumento del salario» pero «en estos momentos no podemos aumentar salario porque aumentar el salario significa que se nos dispara la inflación».
Discusión en mayo
Una de las centrales sindicales que ha estado presente en las discusiones, y que firmó el documento difundido el 30 de abril, es ASI. Su presidenta, Leida Marcela León explicó que están participando en tres procesos de diálogo: la consulta salarial, el Foro de Diálogo Social y la mesa de consensos laborales (dividida en sector público, sector privado y seguridad social).
La consulta salarial comenzó en el mes de enero, pero «pasaron nuevas realidades», por lo que la mesa suspendió sus actividades, relató León. Pero estas discusiones se retomarán este mes, confirmó.
El propósito es «recuperar nuevamente las escalas salariales» del sector público, así como la contratación colectiva para el sector privado, y que el salario mínimo quede solo como referencia, razonó.
Los recursos actuales «son finitos», subrayó el ministro Alexis Castillo, porque «la economía ha sido muy golpeada y no tenemos para resolver los problemas» laborales.
El presidente del BCV, Luis Pérez, acotó que lo anunciado es un ingreso que «no abusa de ser un aumento desmedido» que afecte la macroeconomía.
Pero la visión de Leida Marcela León, como dirigente sindical, es diferente: Consideró que lo anunciado el pasado jueves no compensa, porque «nos precarizaron tanto» y «perdimos demasiado», lo que hace que «la brecha es demasiado grande» y «todo lo que nos den en este momento es insuficiente».
Tres meses en el horizonte
De cualquier manera, la presidenta de ASI celebró que siete centrales sindicales participen en la consulta salarial que se retomará en mayo. Lo ideal «es que en tres meses ya tengamos un salario mínimo», apuntó. Antes del 1 de mayo «hicimos una propuesta por escrito a la presidenta, que se hicieran aumentos cada tres meses» y que se recupere la incidencia en vacaciones y aguinaldos. «Creemos que se pueden ir recuperando este año muchos de los beneficios».
No obstante, que haya un aumento en julio o agosto va a depender de lo que se hable en la mesa de consulta. «Nos tienen que dar indicadores de gestión» y también «nos pidieron propuestas de cómo financiarlo».
