El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso el domingo un canje de prisioneros con Venezuela, sugiriendo que intercambiaría a los venezolanos deportados de Estados Unidos que su gobierno mantiene encarcelados por quienes denominó “presos políticos” en Venezuela.
En una publicación en la red social X, antes Twitter, Bukele enumeró a varios familiares de figuras de la oposición de alto nivel en Venezuela, periodistas y activistas detenidos durante la represión electoral del gobierno el año pasado.
“La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”, escribió Bukele. “Sin embargo, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene».
El líder salvadoreño explicó que la cancillería le enviará la correspondencia formal para concretar el acuerdo humanitario.
El gobierno salvadoreño mantiene en una cárcel de máxima seguridad al grupo de venezolanos, entre ellos presuntos criminales de la pandilla Tren de Aragua y a migrantes irregulares deportados por Estados Unidos desde el 15 de marzo.
Human Rights Watch acusó recientemente a Estados Unidos y a El Salvador de la desaparición y detención arbitraria de venezolanos deportados y denunció que las autoridades salvadoreñas y estadounidenses no han dado información a los familiares del paradero de los deportados.
A cambio de repatriar a los 252 venezolanos, Bukele pide a Maduro que libere a “Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; la señora Corina Parisca de Machado, madre de (la líder opositora) María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua; así como los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos”.
Bukele plantea que el acuerdo también incluiría “los casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades: estadounidense, alemana, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa”.
Esto ocurre mientras El Salvador se encuentra bajo un intenso escrutinio internacional por aceptar a venezolanos deportados por la administración de Donald Trump, que los acusó de ser presuntos pandilleros con escasas pruebas. Los deportados se encuentran recluidos en una megaprisión conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construida por el gobierno de Bukele durante su ofensiva contra las pandillas del país.
El presidente de El Salvador recibe unos $6 millones de EEUU por encarcelar a los deportados de este país. Bukele se reunió con Trump este lunes en la Casa Blanca.
La controversia no ha hecho más que continuar tras revelarse que un salvadoreño, Kilmar Abrego García, se encontraba entre los deportados, y han estallado batallas judiciales por su regreso.
Las críticas continuaron el domingo, cuando el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, instó a Bukele a no permitir que el país centroamericano se convierta en una gran prisión internacional.
A pesar de la controversia, Bukele sostuvo el domingo que todas las personas que ha mantenido en prisión eran parte de una operación contra pandillas, como el Tren de Aragua, en Estados Unidos.
El acuerdo para deportar venezolanos a El Salvador se alcanzó durante una reunión del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente Bukele, en febrero.
El mandatario ofreció recibir a los migrantes que Estados Unidos quisiera deportar, independientemente de su nacionalidad, pero pidió a la administración Trump que también envíe a los cabecillas y sicarios de la Mara Salvatrucha que son requeridos en El Salvador.
