Se reabrió así el caso este martes ante tres jueces del Tribunal de Apelaciones que lo examinarán hasta el jueves próximo
La justicia británica volvió a volcarse este martes en el conflicto entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, en torno a 30 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra y cuyo control se disputan los dos rivales políticos.
Un tribunal comercial de Londres, dio en julio la razón al opositor Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países incluido el Reino Unido, impidiendo que el gobierno de Maduro pudiese recuperar los fondos.
Pero, denunciando un «descarado robo de piratería», el ejecutivo venezolano, que asegura querer destinar el dinero a la lucha contra el covid-19, recurrió la decisión.
Se reabrió así el caso este martes, ante tres jueces del Tribunal de Apelaciones que lo examinarán hasta el próximo jueves, en una vista centrada en cuestiones muy técnicas de interpretación de la ley, sin testigos ni expertos.
Se prevé que los jueces se tomen después unos días, antes de anunciar su decisión.
En la primera sesión, uno de los abogado del gobierno de Venezuela, Nick Vineall, se esforzó de persuadirlos de que el tribunal comercial había «ido demasiado lejos,» al determinar que la justicia debía alinearse con una declaración política del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, que reconoció a Guaidó como «presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles».
Esto no significa que Londres le otorgase ningún poder, aseguró Vineall, insistiendo en que el ejecutivo británico sigue reconociendo a la administración de Maduro, aunque la desapruebe, mediante sus ininterrumpidas relaciones diplomáticas.
«El punto precisamente es que no ha habido nuevas elecciones presidenciales, que Maduro en la práctica continúa como presidente. Esa es la queja del gobierno británico, dicen que no debería ser así pero no dicen que no lo sea», insistió.
Argumentando que el reconocimiento de Guaid buscaba únicamente obligar a Caracas a convocar comicio; su compañero Dan Sarooshi concluyó asegurando que «el apoyo a una oposición interna en otro país» representa una injerencia si se hace de modo «coercitivo».
Este miércoles le tocará el turno a los abogados de la oposición.