El rector de la ULA, Mario Bonucci, emitió un comunicado en el que señala que no ha sido notificado de medida alguna por parte del TSJ.
La Sala Político Administrativa indicó que las universidades demandantes incumplieron los extremos de Ley, al no acompañar el libelo con original o copia del presunto “acto administrativo”, y procedió a multar a los rectores de las casas de estudios y a sus abogados.
Con ponencia del magistrado Malaquias Gil, el TSJ declaró inadmisible los recursos de nulidad contra la aplicación del instructivo de la Onapre, presentados por distintos actores y accionantes, entre ellos, representantes de la UC, ULA, UCV, UDO, UCA, Unexpo y Upel y a los trabajadores jubilados del Ministerio Público.
El máximo tribunal establece que deben pagar una multa por cincuenta veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Gil Rodríguez, miembro de la Sala Político Administrativa del TSJ, rechazó los dos recursos contra el instructivo que generó decenas de protestas por parte de funcionarios de la administración pública del país.
El Instructivo Onapre es señalado, primero, por trabajadores del sector educativo, y luego por los trabajadores públicos, de provocar una reducción significativa de los ingresos integrales, por cuanto modifica los porcentajes de las primas y bonificaciones previstas en las distintas contrataciones colectivas.
Desde marzo pasado los trabajadores de universidades públicas, de la salud y de la administración pública en general se han mantenido en la calle exigiendo la derogatoria de la norma y revertir los efectos de esta (como por ejemplo, el pago incompleto de las vacaciones).
Igualmente, rechazó las demandas presentadas por los trabajadores jubilados del Ministerio Público y les impuso una multa por «ejercicio abusivo de una acción judicial».
