El fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó pruebas para desmentir a las autoridades chilenas con respecto a las acusaciones de la no cooperación de Venezuela en el caso de la posible resolución del asesinato del exoficial venezolano Ronald Ojeda, asesinado en el país austral.
«En torno a las histéricas y distorsionadas declaraciones oficiales de voceros gubernamentales chilenos, en donde a través de su acostumbrado lenguaje soez vuelven a mentir en relación al #CasoOjeda: esta vez para decir que la Fiscalía Venezolana no ha querido cooperar con la investigación relacionada con ese lamentable homicidio», escribió.

Además, enumeró los siguientes puntos en los que aclara y da por sentado que el Ministerio Público tuvo la disposición para ayudar a aclarecer el crimen:
1) Nos vemos obligados como órgano principal del Poder Ciudadano de Venezuela a hacer #publica la respuesta entregada a la Fiscalia Nacional de Chile, las cuales fueron enviadas de manera oportuna a través de los canales regulares.
2) En tal sentido, la información fue requerida a nuestro país fue a través de 2 mecanismos:
a) Solicitud de Cooperación Interinstitucional (mecanismo de la AIAMP), recibida el 09/04/2024 a través de correo electrónico, que fue respondida en fechas 18/04 y 23/04/2024 y
b) Solicitud de Asistencia Mutua en materia Penal, recibida en fecha 15/04 por correo electrónico y 18/04/2024 por vía diplomática, cuya respuesta fue enviada en fecha 29/05/2024.
3) Adicionalmente se recibieron 2 ampliaciones de la SCI recibidas el 30/04, las cuales fueron respondidas por nosotros el 29/05.

4) En la información requerida y oportunamente enviada se incluyó reporte migratorio, datos biográficos y biométricos de Walter Rodríguez y Maickel Villegas, quienes son señalados por la Fiscalía de Chile como principales participes del criminal hecho, parte de cuya información igualmente la hacemos pública a través de estos #post que aquí adicionamos.
4) Finamente ratifico que el Ministerio Publico de Venezuela, bajo nuestra gestión: continuara en base a lo establecido en los mecanismos de cooperación penal internacional: cumpliendo a cabalidad con las obligaciones conducentes para combatir el delito trasnacional en todas sus formas, todo ello en base a lo establecido por el Derecho Internacional.