Se mueven las piezas en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, remarca que Venezuela necesita una justicia imparcial e independiente.
«Este Tribunal Supremo, si hay elecciones en el corto plazo, sería el encargado de evaluar la legalidad de esas elecciones. Este Tribunal Supermo, con una nueva junta directiva presidida por la misma presidenta que actuó en las elecciones del 28 de julio de 2024, ¿es una garantía para defender la soberanía popular? Esto lo digo porque no estamos hablando de un tema estético, sino de un tema de fondo: ¿Este Tribunal Supremova a servir para defender la soberanía popular?».
Daniels sostiene que, para la designación del fiscal y la defensora «no se cumplieron los parámetros institucionales». Destaca la labor de la jurista y profesora Magaly Vásquez porque, más allá de que no haya sido elegida, «puso en evidencia que no fueron procesos en los que se eligió a los más calificados».
En Venezuela, asevera, hay juristas de reconocida trayectoria, como el mismo Alberto Arteaga Sánchez, para integrar el TSJ. «No es por falta de capacidad, no es por falta de gente honorable, porque en Venezuela hay muchísima gente honorable que podría servir para la judicatura, pero esa misma gente debe partir de que se les dé la oportunidad de ser electas, que sean elegidas y que no haya condicionantes ni limitaciones al ejercicio de su trabajo».
Lo primero, sentencia Daniels, es que el proceso de escogencia de magistradas y magistrados «sea de acuerdo con la Constitución, y para eso hay que despolitizar los medios de elección, y no como hasta ahora, con personas electas para servir al poder. No hacemos nada con magistrados que resultan de la depuración del chavismo, para que haya una purga entre factores de ese mismo partido; tiene que haber una elección como lo indica la Constitución para que haya jueces imparciales en Venezuela».
En algún momento, rememora, «hubo jueces en Venezuela que uno podía señalar como ejemplos de civilidad y de cumplimiento de la ley. ¿Por qué no podemos volver a eso? O mejor: construir una civilidad que permia decir que vamos a construir, como sociedad, nuestros problemas ante jueces imparciales e independientes. Pero para que eso sea así tiene que haber un consenso de que esos jueces responden a su conciencia únicamente».
