El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, entregó la Ley de Garantías Laborales a los empleados públicos, así como a representantes sindicales y gremiales que asistieron al Palacio Federal Legislativo este lunes 8 de abril “para su difusión y discusión dentro de ministerios, institutos, hospitales y escuelas”, de carácter público.

Guaidó explicó que está Ley, aprobada en primera discusión, entra en una “primera fase de consulta pública a nivel nacional” para luego pasar a un segundo punto de “protestas reivindicativas” de la administración pública en reclamo de mejoras laborales y salariales.

Llegada de Guaidó al Hemiciclo – Foto: Rafael Briceño

El diputado pidió la conformación de los Comités de Ayuda y Libertad para la difusión y discusión del documento entre trabajadores públicos. Explicó que esta ley buscará también la “reivindicación laboral” con la recuperación de las tablas salariales y que se vuelva a reconocer la antigüedad laboral y la profesionalización.

Guaidó durante encuentro con empleados públicos – Foto: Rafael Briceño

“Hoy nadie puede vivir de su sueldo. Hoy lo único que tenemos claro en Venezuela es que de perpetuarse este régimen ya no vamos a poder ni sobrevivir”, cuestionó Guaidó.

Anunció también la llamada “la Operación Libertad sindical”, que significa la presencia activa de los empleados públicos dentro de las próximas actividades convocadas desde el Parlamento Nacional.

Trabajadores públicos y sindicalistas durante encuentro con Guaidó – Foto: Rafael Briceño

Guaidó informó que para este miércoles habrá actividades dentro de la “Operación Libertad”, por lo que llamó a aumentar el número de puntos de concentración en comparación con la cifra lograda en las manifestaciones del pasado sábado. Según sus datos, fueron 358 puntos a escala nacional.

Ley de Amnistía

El diputado y presidente de la AN recordó que la Ley de Amnistía y Garantías para militares y funcionarios policiales busca la ayuda del brazo militar del país para el “cese de la usurpación”, es decir, la salida del poder del mandatario Nicolás Maduroconsiderado ilegítimo por el Parlamento y parte de la comunidad internacional–, mientras que la Ley de Garantías busca la “incorporación de los trabajadores públicos” en la “restauración de la democracia” a través de las manifestaciones de calle.