Le negociadores reconocieron el esfuerzo y la voluntad de las partes durante los últimos meses
El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición suscribieron el sábado en la capital mexicana un acuerdo que prevé la creación de un fondo, que será manejado por Naciones Unidas, para atender la compleja crisis social de Venezuela en el marco de la reactivación de los diálogos.
La delegación del Gobierno venezolano anunció que ambas partes acordaron firmar el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, ya que crea «un mecanismo práctico, dirigido a abordar necesidades sociales vitales y atender problemas de servicios públicos, con base en la recuperación de recursos legítimos, propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional».
De acuerdo a la memorándum de entendimiento un acuerdo para descongelar alrededor de 3 mil millones de dólares de los fondos extranjeros con la intención de crear un fondo social para atender a la población más vulnerable de aquél país y darle confianza a los bancos, fondos de inversión y las entidades de crédito.
Los términos del acuerdo parcial fueron anunciados por el jefe del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander, quien afirmó que el convenio permitirá lograr importantes avances para la protección de los venezolanos.
Durante un acto en un hotel del centro de la Ciudad de México, Nylander informó que el fondo social se financiará con recursos congelados del Estado venezolano en el sistema financiero internacional, que se emplearán para apoyar programas de salud, alimentación y educación para los sectores pobres, que han sido muy golpeados por la crisis; mejorar el deteriorado sistema eléctrico público y atender a las familias afectadas por las fuertes lluvias ocurridas en el segundo semestre de ese año.
«No solamente marcamos la reanudación de la mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno bolivariano de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, también celebraremos la suscripción de un acuerdo parcial que impulsará importantes avances para la protección social del pueblo venezolano», expresó.
En el marco del mencionado acuerdo, también se establecerá un mecanismo de verificación, agregó Nylander, quien calificó al proceso de diálogo como «la mejor vía para una solución política e incluyente para Venezuela».
Leyendo el texto del acuerdo, el representante noruego adelantó que las partes podrán acordar también otros proyectos no incluidos en el documento o sus anexos «con el acompañamiento de la comunidad internacional».
También se creará un fondo de protección social para el pueblo venezolano con apoyo y lineamientos de la ONU, agregó Nylander. «Se acuerda solicitar a la Organización de las Naciones Unidas apoyo en la implementación del marco programático de las medidas del segundo acuerdo parcial en materia social, incluido el diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario único», estipula el documento.
Al respecto, Mariano de Alba, asesor senior de la ONG International Crisis Group, dijo a The Associated Press que aunque el escepticismo es justificable, si se quiere avanzar en la resolución del conflicto venezolano, “la alternativa realista es tratar de que esta negociación progrese y dé resultados”.
Ante este contexto, Estados Unidos jugará un papel clave debido a que tiene en sus manos lo único que según los analistas llevó a Maduro a retornar a la mesa de diálogos: las sanciones económicas que enfrenta su gobierno desde hace más de tres años.
No es casualidad que la reactivación de las conversaciones coincida con la decisión que debe tomar próximamente el gobierno de Joe Biden sobre la ampliación de la licencia de operaciones en Venezuela de Chevron, la mayor empresa petrolera estadounidense, lo que ayudaría a recuperar la mermada producción de crudos de la nación suramericana que se vio golpeada por las sanciones que impuso Washington tras cuestionar las elecciones del 2018 en las que Maduro logró la reelección por seis años.
De Alba afirmó que aunque para Washington la situación de Venezuela ya no es un tema prioritario, el gobierno de Biden y el resto de la comunidad internacional están preocupados por las consecuencias que está generando la prolongada crisis venezolana, que ha generado una migración masiva en la región.
Para hacer frente al creciente flujo de migrantes venezolanos, Estados Unidos restringió en octubre los asilos e impuso un plan de 24.000 visas humanitarias.
