Aseguran que es producto de una resolución impulsada por un grupo de países que actúan apegados a la política de estados Unidos sobre Venezuela
Este lunes, la Cancillería del gobierno de Nicolás Maduro, mediante un comunicado, rechazó el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, el cual califica de “contenido falaz” y de “origen tendencioso”.
Al respecto, dicho comunicado destaca que “la República Bolivariana de Venezuela, en aras de seguir intensificando la cooperación debida con esta oficina, ratifica su voluntad de mantener canales de comunicación y diálogo con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no politización, respeto a la soberanía y diálogo constructivo sin agendas geopolíticas al servicio de poderes hegemónicos contrarios al Derecho Internacional”.
A continuación Texto íntegro del Comunicado:
La República Bolivariana de Venezuela, en relación con el informe publicado sobre la situación del país por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 1ro de julio de 2021, rechaza el contenido falaz y pone de relieve el origen tendencioso del mismo.
Este informe es el resultado de una Resolución impulsada por un minúsculo grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, que se complotaron para satisfacer la política de “cambio de régimen” impulsada por los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela.
A pesar de ello, Venezuela destaca en su armonioso sistema constitucional en defensa y garantía de los derechos humanos que ha sido el escudo protector de su pueblo frente al bárbaro bloqueo criminal impuesto y dirigido desde Washington, constituyendo una grave comisión de delitos de lesa humanidad.
Resulta especialmente preocupante que este informe tenga su sustento en información brindada por particulares con motivaciones desconocidas y que no ha sido debidamente contrastada con las autoridades del Estado concernido, a pesar de las amplias facilidades que el Gobierno venezolano ha brindado para el desempeño de sus funciones en el territorio nacional.
En esta ocasión, a partir de un puñado de supuestas denuncias de violación de derechos humanos, se realizan acusaciones no verificadas contra la institucionalidad venezolana, instrumentalizando la falsaria construida para alimentar artificialmente un expediente ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo político de desestabilizar las instituciones democráticas del país.
Aunado a ello, el informe omite mencionar que en cada una de las 26 visitas realizadas a centros de detención y sedes de organismos de inteligencia, la Oficina de la Alta Comisionada ha podido entrevistarse con centenares de personas privadas de libertad, conforme a sus propias pautas de actuación. Según las conclusiones entregadas al Estado, las personas entrevistadas han confirmado el pleno respeto a su integridad personal en los establecimientos donde permanecen recluidos.
Venezuela ha solicitado a la Oficina de la Alta Comisionada compartir con las autoridades nacionales información sobre los supuestos casos referidos en el informe, a los fines de realizar las investigaciones de rigor y determinar su veracidad y, de ser el caso, las responsabilidades correspondientes, en plena consonancia con su política de respeto absoluto a los derechos humanos. Del mismo modo, se ha invitado a la Oficina de la Alta Comisionada a acompañar los procesos de investigación desarrollados por las autoridades competentes.
La República Bolivariana de Venezuela, en aras de seguir intensificando la cooperación debida con esta oficina, ratifica su voluntad de mantener canales de comunicación y diálogo con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no politización, respeto a la soberanía y diálogo constructivo sin agendas geopolíticas al servicio de poderes hegemónicos contrarios al Derecho Internacional.
