El gobierno de Venezuela contrató a la firma Hogan Lovells US LLP como su asesor legal, según un documento regulatorio de la unidad de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este nombramiento representa un paso clave en el inicio de un proceso que se proyecta como una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana en las últimas décadas.
La designación de este bufete de abogados, con sedes en Washington y Londres, ocurre menos de un mes después de que la administración venezolana anunciara el inicio formal para reestructurar una deuda estimada en US$ 170.000 millones, la cual se encuentra en default desde el año 2017. Hasta el momento de la publicación, ni los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones de Venezuela ni los representantes de Hogan Lovells respondieron a las solicitudes de comentarios. Por su parte, la firma Dentons Europe LLP se mantendrá como el asesor internacional legal del país, brindando asesoría a la administración de Delcy Rodríguez en materia de contratos petroleros y mineros.
El interés de los inversionistas hacia los bonos de la nación petrolera se incrementó luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en enero. El gobierno actual, encabezado por la ex vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha colaborado estrechamente con Washington, una dinámica que ha generado optimismo respecto a la viabilidad de la reestructuración. En lo que va del año, los bonos del gobierno han registrado una ganancia superior al 80%, y los papeles con vencimiento en 2027 se cotizan en aproximadamente 52 centavos por dólar, lo que implica una expectativa de recuperación de alrededor del 30% del total adeudado al incluir los intereses acumulados no pagados.
Preparativos y marco regulatorio
A principios de mayo, el Tesoro de los Estados Unidos autorizó los nombramientos de asesoría legal y consultoría financiera para Venezuela. Tras dicha autorización, el gobierno nombró la semana pasada a Centerview Partners como su asesor en asuntos de deuda soberana.
Estas contrataciones preparan el terreno para una reestructuración de deuda que se anticipa como una de las más extensas desde la crisis de Grecia hace más de una década. El proceso requiere deshacer una compleja red de bonos, préstamos y sentencias judiciales impagadas a acreedores globales, además de gestionar las sanciones económicas estadounidenses que permanecen vigentes.
Próximos pasos del gobierno: Las autoridades venezolanas anunciaron que planean publicar un marco económico y un análisis de sostenibilidad de la deuda el próximo mes, reflejando la intención de actuar con rapidez en el proceso.
Obstáculos y complejidad financiera
A pesar de los avances institucionales, el proceso enfrenta importantes dificultades operativas debido a que las sanciones vigentes impiden a Venezuela negociar de forma directa con los acreedores o emitir nueva deuda. Asimismo, persisten interrogantes sobre el tamaño real de la economía venezolana tras su colapso y sobre el monto exacto de las obligaciones totales del país.
Al respecto, estrategas de JPMorgan Chase & Co. advirtieron que la conciliación de un monto adeudado que calificaron como grande y diverso —»especialmente montos comerciales no garantizados, no especificados ni transparentes»— junto con los laudos arbitrales, probablemente se convertirá en un proceso complejo y controvertido.
La firma Hogan Lovells ya posee antecedentes de trabajo con el país, habiendo sido contratada previamente por la embajada de Venezuela en los Estados Unidos en el año 2014 para prestar servicios de lobby en Washington.
