El canciller, Félix Plasencia, anunció que el Ejecutivo naconal comunicó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, su decisión de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retiro de la Corte Penal Internacional (CPI).
Plasencia dijo que actuó por instrucciones de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, y de conformidad al artículo 127.
«Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global. Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», escribió el canciller en X.
