La ONG afirmó que Tarek William Saab es «uno de los promotores de la campaña», ya que el fiscal general, designado por la ANC aseguró que el organismo internacional «utiliza como fuente de información tuits generados por boots con aseveraciones falsas, contra la administración de Nicolás Maduro»
La ONG Provea denunció este jueves una «campaña de ataques» del Gobierno de Venezuela contra la Corte Penal Internacional (CPI), a pocas semanas de que el alto tribunal decida si abre una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en el país, actualmente en examen preliminar.
«El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión a unas pocas semanas de que, como la misma Fiscalía de la CPI anunció, se tome una decisión sobre si abrirá o no una investigación formal sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en el país. ¿Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa?», dijo la ONG en un comunicado.
En ese sentido, la ONG afirmó que Tarek William Saab es «uno de los promotores de la campaña», ya que el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que el organismo internacional «utiliza como fuente de información tuits generados por boots con aseveraciones falsas, contra de la administración de Nicolás Maduro».
La organización recuerda que la declaración de Saab contrasta con la realizada en diciembre de 2020, cuando, después de una visita a la sede del organismo en La Haya, aseguró que «Venezuela siempre ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la Corte Penal Internacional».
Además de eso, la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez, descalificó en una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV) el trabajo de la Corte Penal, al declarar que el caso sobre Venezuela era una «gran farsa basada en falsedades y mentiras publicadas en redes sociales».
Según la ONG, el intento de incidir en la opinión de la CPI motivó que, «luego de varios años de sostener una tesis contraria, se reconociera que Juan Pablo Pernalete había sido asesinado por una bomba lacrimógena (2017) y que el Estado es responsable de la muerte del concejal Fernando Albán (2018).
Justo ayer en la mañana, el Fiscal General de República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que su despacho ha colaborado “plenamente” con la investigación que desarrolla la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en contra de Venezuela.
El fiscal Saab afirmó que “han trabajado duro y con respeto, enmarcado en el estricto respeto al derecho internacional de los Derechos Humanos con profesionalismo con el debido respeto a la personas en este caso asistidas por las instituciones durante todos estos años”.
La Fiscalía sumó los delitos de «homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga» -anteriormente negados- al de «quebrantamiento de normas de custodia» a dos funcionarios implicados en la muerte del concejal Albán, quien falleció en prisión en 2018, al caer de un décimo piso, según explicó el fiscal general a principios de mayo.
Además, dijo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “ha hecho silencio”, con respecto a “los casos de abuso a los derechos humanos en contra de Venezuela”.
