La organización no gubernamental venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos solicitó este sábado de manera pública que se efectúe una inspección técnica e independiente en la infraestructura del centro penitenciario Rodeo I, ubicado en el estado Miranda. La petición surge como consecuencia del doble movimiento telúrico de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectó al país el pasado 24 de junio.
A través de un pronunciamiento difundido en la red social X, la agrupación civil denunció que, hasta el momento, las instituciones oficiales no han implementado protocolos de prevención ni han autorizado el acceso de delegaciones autónomas para constatar el estado real de las instalaciones y las condiciones en las que se encuentran los internos.
Temor por fallas estructurales y seguridad interna
De acuerdo con lo expuesto por la organización, la población penal que se encuentra recluida por motivos políticos afronta una situación de vulnerabilidad ante la posibilidad de que ocurran nuevas réplicas o sismos en la región. Respecto a su ubicación actual y sus reclamos, la ONG señaló en su comunicado: «Los presos políticos permanecen en un área común interna, bajo vigilancia y control máximo de las autoridades penitenciarias. Su exigencia es no quedar atrapados en celdas consideradas inseguras ante nuevos movimientos sísmicos».
El comité alertó además sobre la persistencia de amedrentamientos dentro del recinto carcelario. Según la denuncia, los reclusos temen que el personal de custodia utilice la fuerza a través del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC) o de otros cuerpos de seguridad para obligarlos a mantenerse confinados en espacios cuyas condiciones de seguridad estructural no han sido debidamente certificadas por especialistas externos.
Ante este panorama, la ONG exigió finalizar las retaliaciones, amenazas y los procesos de criminalización en contra de los detenidos, sus familiares y las agrupaciones que visibilizan la situación. Asimismo, el comité subrayó que la responsabilidad política de ejecutar medidas preventivas recae directamente sobre Delcy Rodríguez, en su condición de autoridad interina del Ejecutivo nacional.
Denuncias de tortura y falta de balances oficiales
Este requerimiento se suma al reclamo realizado por la misma organización el pasado viernes, cuando instó a abrir una averiguación independiente sobre presuntos actos de tortura contra los internos en Rodeo I. Dicha solicitud se formalizó luego de un encuentro con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García, a quien la ONG acusó de minimizar los hechos reportados y de emitir mensajes dirigidos a desestimar las denuncias y restar credibilidad a la documentación independiente.
Debido a estas acciones, el comité demandó una investigación imparcial con el acompañamiento de mecanismos internacionales, al tiempo que solicitó la remoción de su cargo del ministro García y de los funcionarios vinculados por el incumplimiento de sus deberes de protección hacia los privados de libertad.
Por otra parte, testimonios de familiares recolectados por la agencia de noticias EFE coinciden en señalar un escenario de desatención por parte de las autoridades tras los terremotos, manifestado en fallas en el suministro de alimentación y en la falta de refacciones en los sectores de la planta física que sufrieron daños directos. Hasta la fecha, el Ejecutivo venezolano no ha emitido un balance oficial con respecto al estado de los centros de reclusión ni de la población penal tras el desastre natural.
Con información de EFE
