Ángel Zambrano, miembro de La Voz Ciudadana, aseguró que pese a que en esta actividad de calle estaban presentes simpatizantes «del gobierno de Maduro, que se hace la vista gorda con la represión en Venezuela, es interesante que nos una sola bandera que es la lucha por los derechos humanos»
Este viernes la manifestación ante el consulado de Colombia, donde asistieron miembros de las organzaciones del sociedad civil, el Partido Comunista, el PPT y movimiento Somos Venezuela, concluyó en una discusión debido a que «los simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro se hacen la vista gorda con la represión que ocurre en Venezuela».
«Ustedes son unos uribistas que mandó el Juan Guaidó, Iván Duque y el gobierno de Estados Unidos. Son unos inflitrados de la derecha internacional», gritaban los manifestantes del chavismo.
En teoría esta manifestación era en rechazo a las últimas acciones por parte de la policía del vecino país, para dispersar las manifestaciones en contra de Iván Duque, que ya ha dejado 37 víctimas mortales, según la denuncia de este pasado jueves del Human Rights Watch (HRW).
En ese sentido, minutos antes de la discusión Carlos Molinares, representante del Partido Comunista colombiano en Venezuela, afirmó que está protesta ante la sede consular «es parte del pacto histórico para lograr un cambio político en el vecino país», además de que «era un pronunciamiento en solidaridad con nuestro pueblo que está siendo masacrado».
«Venimos a pedir que la protesta sea un derecho del pueblo, y así la reforma del gobierno de Duque no logre su objetivo», dijo.
A los pocos minutos habría empezado una discusión entre los manifestantes, que no se sabe con exactitud el motivo, aunque se presume que fue por la tendencia política de ambos bandos. «Uribistas derechistas», se oyó al momento de que iniciaron los gritos.
En ese momento Carlos Molinares tomó un megáfono y pidió «calma y cordura para no perder el sentido verdadero de la protestas de violaciones a los derechos humanos».
Sin embargo, ya la discusión no se podía detener, empezaron las acusaciones de «espías de Estados Unidos», «pagados por Guaidó y Duque», «¿Cuánto te pagaron para arruinar la protesta».
Pero minutos antes, de que incluso empezaran los pronunciamientos, Ángel Zambrano, miembro de Labo Ciudadano, aseguró que pese a que en esta actividad de calle estaban presentes simpatizantes «del gobierno de Maduro, que se hace la vista gorda con la represión en Venezuela, es interesante que nos una sola bandera que es la lucha por los derechos humanos».
«Aquí estamos y vinimos para demostrar que los derechos humanos no tiene una tendencia política. Además de que están mal, sean de gobiernos de derecha o de izquierda», afirmó.
Pero pese a eso, minutos después fue abordado por los simpatizantes del chavismo que lo acusaron de «ser miembro de la derecha facista y neoliberal», aun así Zambrano se quedó parado con sus manos haciendo el símbolo de la paz, y evitando la confrontación.
Para el cierre de la semana, el director para las Américas de HRW aseguró que esa ONG ha recibido 37 denuncias sobre muertes durante las manifestaciones, de las cuales ha podido corroborar 11, la misma cifra de víctimas mortales que ha confirmado la Fiscalía colombiana.
“Las protestas en los últimos años en Colombia generan enormes dudas sobre si la Policía -y en especial el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios)- son capaces de respetar plenamente los DDHH en estas circunstancias”, agregó Vivanco en otro mensaje publicado esta semana en sus redes sociales.
Esta denuncia se suma a la hecha el pasado martes por Amnistía Internacional (AI), que pidió a las autoridades colombianas “poner fin a la represión de las manifestaciones” y pidió al Gobierno “cesar la militarización de las ciudades”, implementada bajo la figura de “asistencia militar”, y respetar.
Según el Ministerio de Salud, de los 189 ataques contra la misión médica en lo que va de año, 126 han ocurrido desde el pasado 28 de abril cuando comenzaron las manifestaciones, que fueron encendidas por una reforma tributaria del Gobierno que ya fue retirada.
“64 de esos reportes corresponden a amenazas y a lesiones directas contra el personal de salud y 62 más contra ambulancias, sus tripulaciones y en ocasiones contra los pacientes mismos”, expresó el jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud, Luis Fernando Correa.
