«Ninguna presión externa podrá evitar que el pueblo venezolano ejerza su derecho al voto y decida su destino de manera soberana», dice un comunicado difundido por el canciller Jorge Arreaza
El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó este viernes las sanciones que Estados Unidos impuso a dos rectores electorales, un exgobernador y al procurador general de Venezuela, y consideró que estas acciones buscan interferir en las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
En un comunicado, la Cancillería denunció estas «agresiones intervencionistas del Gobierno supremacista», que dirige el presidente estadounidense, Donald Trump.
Estados Unidos, señala el escrito, «pretende imponer ilegalmente medidas coercitivas unilaterales (…) procurando interferir en la realización de las elecciones parlamentarias previstas en la Constitución para diciembre de 2020».
«Con estas medidas ilegales, la Administración Trump pretende impedir lo inevitable. Ninguna presión externa podrá evitar que el pueblo venezolano ejerza su derecho al voto y decida su destino de manera soberana», prosigue la Cancillería en su respuesta.
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció las sanciones contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, contra el rector principal de ese órgano, José Luis Gutiérrez, así como contra el procurador general, Reinaldo Muñoz, y el exgobernador David De Lima.
En un comunicado, Pompeo dijo que decidieron sancionar a esos cuatro individuos por su «participación» en los supuestos esfuerzos del presidente Nicolás Maduro de «manipular» el CNE y la Asamblea Nacional con el fin de «privar al pueblo venezolano de elecciones libres y justas».
El Gobierno de Maduro respondió que estas medidas «no harán mella alguna sobre el compromiso de las instituciones» y «muy por el contrario, estas pretendidas sanciones representan un estímulo adicional para avanzar con mayor eficacia y moral hacia los objetivos y metas electorales».
