Los exgobernantes «acompañan» al pueblo colombiano en «su reclamo de paz y del cese de la violencia por los sectores minoritarios, que vandalizan bienes públicos y privados e incluso intentan cegar la vida de los funcionarios responsables del mantenimiento del orden público»
Una veintena de exjefes de Estado, uno de España y los demás Latinoamérica pidieron este jueves que se pongan «límites» a las manifestaciones violentas en Colombia y condenaron a la «dictadura» de Venezuela por instigar la violencia en el país vecino.
En una declaración publicada este 13 mayo por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), los exgobernantes recuerdan que hay diferencias entre las protestas pacíficas y las violentas desde el punto de vista de las leyes y los derechos.
«Las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar en Colombia han de favorecerse y no reprimirse, pues son parte del diálogo democrático necesario», señalan.
Pero deben limitarse cuando afectan los derechos humanos de terceros y atentan contra «el orden público, la misma democracia y el imperio del Estado de Derecho», advierten.
«De ser el caso, cuando median objetivas amenazas del derecho a la vida e integridad personal de terceros han de ser contenidas en la medida proporcional que autorizan los tratados internacionales sobre derechos humanos», manifiesta la declaración.
En este sentido, los exgobernantes «acompañan» al pueblo colombiano en «su reclamo de paz y del cese de la violencia por los sectores minoritarios, que vandalizan bienes públicos y privados, e incluso intentan cegar la vida de los funcionarios responsables del mantenimiento del orden público».
Además, esperan que los órganos de Administración de Justicia ponderen con «independencia e imparcialidad las violaciones convencionales de derechos humanos ocurridas y en las que hayan incurrido sean los manifestantes violentos, sean las autoridades que hayan hecho un uso ilegítimo y desproporcionado acto de fuerza, en contravención de los Principios de Naciones Unidas».
Así mismo, condenan a «los actores internos que, dentro de Colombia, aliados de los grupos narcoguerrilleros aún en insurgencia contra el orden constitucional y democrático, se han dicho patrocinadores de las manifestaciones violentas».
También condenan a «las autoridades del Gobierno dictatorial de Venezuela que, públicamente, vienen instigando la violencia insurreccional contra el gobierno democrático, constitucional y legítimo de Colombia, presidido por Iván Duque».
Instamos a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al sostenimiento estricto, en ejercicio de sus competencias, de la tríada inseparable que forman la protección de derechos humanos, las instituciones de la democracia, y el Estado de Derecho».
Firman la declaración: José María Aznar (España); Oscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), y Nicolás Ardito Barletta, Ernesto Pérez Valladares y Mireya Moscoso (Panamá).
También Enrique Bolaños (Nicaragua), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Alfredo Cristiani (El Salvador), Eduardo Frei T. (Chile), Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle H. (Uruguay), Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), Mauricio Macri (Argentina), Jorge Quiroga (Bolivia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).
