El gobierno venezolano ratificó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que tiene razones jurídicas y fácticas para descartar la intromisión de terceros en el diferendo territorial por el Esequibo. «La entrega de este documento no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni de la decisión que pueda adoptar sobre este asunto», expone el comunicado difundido nacional e internacionalmente luego de entregar un documento ante la CIJ.
El ejecutivo venezolano acusó a Guyana de «intentar obtener, por la vía de una controversia jurídica fraudulenta, la titularidad sobre el territorio, en franca violación y desconocimiento de las obligaciones claramente establecidas en el Acuerdo de Ginebra».
Guyana «tiene la obligación ineludible de cumplir con sus deberes internacionales y sentarse a negociar de buena fe, pacífica y diplomáticamente con Venezuela, sin recurrir a la amenaza militar o del uso de la fuerza, usando potencias extrarregionales para reeditar la coerción estructural ejercida durante siglos contra Venezuela, con el interés de apropiarse de los recursos naturales del territorio controvertido».
Para el gobierno «la única solución posible, en el marco del derecho internacional, se encuentra en el Acuerdo de Ginebra, y consiste en lograr un arreglo práctico y satisfactorio para ambas partes de la controversia territorial, lo que es incompatible y excluyente respecto de una resolución judicial».
En el comunicado se ratifica el compromiso venezolano «con los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas, incluyendo su absoluto e irrenunciable apego al Acuerdo de Ginebra».
