Las administraciones de Estados Unidos y Venezuela evalúan alternativas para liberar miles de millones de dólares en activos venezolanos restringidos en el extranjero, con el propósito de costear las labores de reconstrucción tras los dos sismos registrados el 24 de junio y evitar el uso de fondos aportados por los contribuyentes estadounidenses, reseñó Bloomberg.
Fuentes consultadas bajo condición de anonimato señalaron que la estrategia busca permitir a la presidenta interina Delcy Rodríguez atender las consecuencias del desastre —cuyos daños materiales fueron valuados por el Banco Mundial en 19.600 millones de dólares— sin que Washington incremente significativamente la partida de 386 millones de dólares previamente asignada. La catástrofe sísmica ha dejado hasta el momento casi 5.400 fallecidos y miles de heridos.
En el marco de la denominada «Doctrina Donroe», encaminada a afianzar la influencia estadounidense en la región, el presidente Donald Trump busca evitar erogaciones masivas al tiempo que mantiene la coordinación bilateral iniciada tras la salida de Nicolás Maduro del poder el pasado 3 de enero. Sobre la asistencia para la reconstrucción, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, manifestó previamente: «Haremos más. Los venezolanos harán más. También estamos tratando de ayudarlos a obtener acceso a financiamiento y crédito internacionales para la reconstrucción. Todavía están calculando el costo total, que será considerable, tanto por la remoción de escombros como por la construcción de nuevas obras».
La liberación de recursos enfrenta controles de supervisión por parte de Washington para evitar irregularidades, lo que ha ralentizado el flujo de capitales y el manejo de los fondos petroleros. Pese a estas demoras, la administración de Rodríguez ya utilizó 346 millones de dólares de sus reservas en el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras restablecer vínculos con el organismo, conservando aún cerca de 4.200 millones en derechos especiales de giro. Asimismo, tras la flexibilización de sanciones bancarias dispuesta por EE. UU. en abril, el Ejecutivo busca acceder a unas 30 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra por litigios de reconocimiento político, además de otros fondos depositados en instituciones financieras internacionales.
En el ámbito político, analistas señalan que la gestión de la emergencia ha generado descontento popular y afectado la valoración pública de Rodríguez, situando su desaprobación en un 63,3 % durante junio. Ante este escenario, EE. UU. ha promovido la reanudación de negociaciones para el 1 de agosto entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el parlamento actual con el fin de definir condiciones electorales, proceso que por ahora excluye a la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Cuestionado sobre el rol de Machado en el panorama político venezolano, Marco Rubio declaró durante una visita a Manila que dependerá «de los venezolanos» definir su participación en la transición, calificándola como un «elemento importante» con respaldo social y recordando que los procesos de transición política requieren tiempo.
Por parte de la presencia estadounidense en el país, el despliegue militar tras los sismos se ha reducido a aproximadamente 1.000 efectivos dedicados a labores de recuperación y logística, manteniendo la línea de evitar operaciones de ocupación prolongadas. Sobre este enfoque financiero y operativo, la exsecretaria adjunta de Estado, Kimberly Breier, explicó: «La idea es minimizar el uso de fondos de los contribuyentes estadounidenses o garantizar que cualquier dinero utilizado sea recuperado con el tiempo. Esto no representa un giro de 180 grados hacia la construcción de naciones por parte de EE.UU. ¿Pero vendrá EE.UU. a brindar apoyo y ayudar en la reconstrucción? Por supuesto».
