Desde que comenzó la crisis venezolana se han radicado en el país unos 450.000 migrantes según datos oficiales y 600.000 según recuentos alternativos
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT) firmaron este jueves un acuerdo para mejorar la protección e integración laboral de las personas en situación de movilidad humana y sus comunidades de acogida en Ecuador, que beneficiaría a los venezolanos y colombianos que son la mayor población de migrantes en ese país.
El acuerdo de ambas organizaciones «tiene como objetivo facilitar soluciones integrales y la protección del derecho al trabajo decente de las personas refugiadas y migrantes», indica un comunicado difundido hoy por esa agencia de Naciones Unidas.
Firmado por Elena Montobbio, directora adjunta de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, y Giovanni Bassu, representante de ACNUR en Ecuador, el documento busca además «la colaboración estrecha con el Gobierno y organizaciones de empleadores y trabajadores».
Todo ello «para la creación, fortalecimiento y adaptación de políticas, programas y servicios necesarios para que las personas refugiadas y migrantes accedan a empleo, autoempleo y a otros esquemas de protección social adecuados y sostenibles».
Desde que comenzó la crisis venezolana se han radicado en el país unos 450.000 migrantes según datos oficiales y 600.000 según recuentos alternativos de organismos locales e internacionales, además de que también hay una población refugiada de unas 60.000 personas, la mayoría del conflicto colombiano.
«Este acuerdo llega en un momento muy sensible para las poblaciones en movilidad, siendo uno de los grupos más afectados por las consecuencias de la pandemia y crisis económica», afirmó Montobbio.
Y agregó que «entre estas personas y el trabajo se alzan varios obstáculos de carácter legal, administrativo y social», porque cuando finalmente encuentran un trabajo éste se halla frecuentemente en el sector informal en los que sus derechos no suelen ser respetados.
«Este acuerdo es una gran oportunidad para mejorar las condiciones y perspectivas laborales de las personas en situación de movilidad humana y las comunidades que las acogen. No solo para contribuir en su calidad de vida, sino también para fomentar la inclusión y la igualdad de trato al momento de acceder a un empleo», destacó Bassu en ese sentido.
