El Ministerio Público venezolano anunció este lunes que abrió un proceso de investigación por cobros ilegales a pacientes en los hospitales públicos, informó el fiscal general, Tarek William Saab
«Anuncio. El Ministerio Público ha instruido a la Dirección de Protección a los Derechos Humanos y a la Dirección de Delitos Comunes (para) procesar, investigar y sancionar todas las denuncias relativas a cobros ilegales a pacientes en los hospitales públicos del país», escribió Saab en su cuenta de Twitter.
Según distintos estudios gremiales, antes del comienzo de la pandemia se habían ido del país cerca de 32.000 médicos, mientras que en la especialidad de bioanálisis y enfermería, hasta diciembre de 2020, se había producido un éxodo de entre el 60 % y el 70 % del total.
Debido a ello, hay una notable escasez de personal en los centros de salud, en los que los sanitarios no tienen capacidad para atender a todos los pacientes, una situación empeorada por la alta mortalidad en el sector debido a la covid-19.
Además, la mayoría de los empleados sanitarios tienen un bajo sueldo en los centros públicos que, en escasas ocasiones, supera los 20 dólares.
Por esta razón, muchos profesionales de esa área ofrecen su atención personalizada fuera del horario laboral para poder subsistir.
Los familiares de los pacientes, o los propios enfermos, deben recurrir a estos trabajadores de la salud para poder ser atendidos con ciertas garantías en sus domicilios.
Adicionalmente, la falta de elementos básicos en los hospitales obliga a los enfermos a pagar de su bolsillo todo lo que será utilizado para la atención básica, desde vendajes o alcohol hasta lejía para limpiar los centros de salud o tijeras para cortar las gasas, entre otros.
EFE
