Claudio Grossman, uno de los abogados de Osio, explicó que la familia quiere «lograr que se haga justicia y se establezcan las responsabilidades del Estado de Venezuela»
Meudy Osio, la viuda del concejal venezolano Fernando Albán, pidió este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que «haga justicia» en el caso de su marido y establezca qué responsabilidad tuvo el Estado venezolano en su muerte, en octubre de 2018.
Osio también pidió a la CIDH que interceda para que el Estado venezolano le entregue el cuerpo de su esposo, uno de los fundadores del partido Primero Justicia, y que falleció mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La Fiscalía venezolana asegura que Albán «se suicidó» al tirarse desde un décimo piso del Sebin, pero su familia sostiene que fue arrestado y asesinado por las autoridades en represalia por su participación en la Asamblea General de la ONU, que se celebró en Nueva York el pasado septiembre.
En declaraciones a Efe, Claudio Grossman, uno de los abogados de Osio, explicó que la familia quiere «lograr que se haga justicia y se establezcan las responsabilidades del Estado de Venezuela».
De acuerdo al documento presentado ante la CIDH, al que accedió Efe, la familia quiere que el cuerpo sea trasladado a EEUU para poder darle sepultura de acuerdo a sus creencias.
«No podemos aceptar que en las Américas y, en ningún país del mundo, la gente salte del décimo piso de la policía política y no se haga una investigación seria. No se establezcan responsabilidades y se deje a una familia sin el padre, con la señora y los dos hijos. Eso no debe pasar y no es aceptable», dijo contundente.
Grossman, que fue miembro de la CIDH entre 1993 y 2001, también denunció que los abogados que han estado representando a Osio dentro de Venezuela han sufrido persecución: sus viviendas y oficinas han sido allanadas por «el mero hecho» de haber pedido un expediente sobre la muerte de Albán.
Técnicamente, los abogados de Osio solicitaron hoy a la CIDH medidas cautelares, que de ser otorgadas obligarían al Gobierno venezolano a frenar esos supuestos ataques a los abogados dentro de Venezuela y también forzarían al Estado a investigar la muerte de Albán y a entregar el cuerpo a la familia.
Además, los abogados aseguran que «existe un fundado temor» de que el cuerpo de Albán pueda ser desaparecido para «borrar rastros» y temen que las autoridades venezolanas puedan incluso hacer «desaparecer el cuerpo» con ese mismo objetivo, lo que desembocaría en un mayor daño para sus parientes.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), puede pedir a los 35 Estados que se encuentran bajo su competencia la adopción de medidas cautelares para proteger a sus solicitantes ante situaciones de «gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable», según figura en su reglamento.
En repetidas ocasiones, el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha negado a reconocer la competencia de la CIDH porque depende de la OEA, órgano del que Maduro pidió salir en 2017 y cuya retirada se hará efectiva mañana, 27 de abril.
